Chihuahua.- El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, no se sorprende ante los datos que sitúan a su estado como líder en corrupción, según las encuestas del INEGI. Corral explica que la regresión hacia prácticas corruptas era previsible, pero la velocidad con la que ocurrió sorprende.
“Con toda sinceridad, era previsible que todo se descompusiera, lo que quizás pudiera sorprender es la velocidad de la regresión”, expresó el exgobernador respecto a la encuesta del Inegi.
Corral señala la relación entre la actual gobernadora, María Eugenia Campos, y el exgobernador César Duarte como un factor crucial en el aumento de la corrupción. Desde el inicio de su administración, la presunta protección a Duarte y su círculo envió un mensaje de impunidad a los funcionarios.
Advertencias Ignoradas
Cuando Corral era gobernador, se opuso firmemente a que el PAN nombrara a Campos como candidata a gobernadora debido a sus vínculos con Duarte. Sin embargo, el partido la respaldó, lo que, según Corral, permitió que Duarte continuara su “influencia corruptora” en el estado.
“Yo advertí con toda claridad al partido de los vínculos indisolubles de María Eugenia Campos con Cesar Duarte”, acusó Javier Corral.
La administración de Campos se caracterizó por cambios legislativos que facilitaron la corrupción, contratos sin licitación y gastos excesivos en eventos y obras cuestionables así como permisos a la gobernadora para ausentarse sin rendir cuentas.
La falta de transparencia en el manejo de fondos públicos y la justificación de la corrupción en aras de la competencia política han contribuido al deterioro moral y ético en Chihuahua.
Uno de los últimos escándalos de corrupción en los que se ha involucrado al gobierno de Maru Campos es la contratación de una empresa asociada al secretario de Turismo, Edibray Gómez para la impresión de folletos para las escuelas tras el “secuestro” de los libros de texto de la SEP.
Asimismo, de manera más reciente, la desaprobación de los chihuahuenses se ha manifestado luego de que se informara sobre la adquisición a sobreprecio de vallas de acero para proteger edificios de gobierno durante la marcha del 8M, cuyo contrato trascendió fue de 39 millones 268 mil 191 pesos.
