Ciudad de México.- En el sector empresarial “no hay el consenso” generalizado para apoyar los cambios propuestos por el gobierno federal a la subcontratación laboral, que plantea la desaparición del insourcing y que al ligar a un tope el nivel de las utilidades se dejaría descubierto a las pequeñas y medianas empresas, informó Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), quien abundó que la negociación continuará con el gobierno federal y el Congreso.
Comentó que la propuesta que circuló desde ayer sobre el outsourcing no está respaldado por todos los organismos empresariales, por lo que advirtió del riesgo de implementar la desaparición de la figura laboral a principios de año, que impactaría en la desaparición de hasta 1 millón de empleos durante el proceso de transición de una razón social a otra.
“Hago votos porque el sector empresarial negocie en su conjunto, analizando todos los intereses de quienes estamos representados y que finalmente, sé que hay sensatez en el gobierno, como ya se filtró en la prensa, para que el esquema de la subcontratación se discuta suficiente en las Cámaras y se logren consensos en avanzada y tengamos una legislación que sí castigue y criminalice a quienes explotan a los trabajadores y abusan de ellos”, sostuvo.
En conferencia de prensa virtual, el líder de los industriales dijo que la propuesta del gobierno es “tomarla o dejarla, si bien hay un avance en la figura, pero al eliminar el insourcing, que es una empresa de una filial dentro de un grupo que administra el personal en una planta que no tiene empleados, con la intención manifiesta de tener una disminución en el pago del PTU” impactaría negativamente.
“(En Canacintra) Creemos que una tercera parte de los 4 millones 900,000 trabajadores que están en subcontratación pertenecen a pymes, que no pertenecen a grandes corporativos y creemos que las dejamos desprotegidas y con el tiro de gracia dado que perderán competitividad contra sus competidoras y con ello, será un factor adicional para la no sobrevivencia”, consideró su presidente.
Por ello, pidió que se traslade la discusión hasta febrero, asumiendo la posición del presidente del presidente de la República en apoyo irrestricto del Congreso. “Se tiene que analizar con corridas financieras para no crear efecto contrario”, ya que —dijo— unos 500,000 empleos se perderán en diciembre y otros 500,000 en enero, únicamente en la transición de una razón social a otra, de cálculos de primas de riesgo en el IMSS y de la incorporación de sistemas administrativos.
“En el cambio se irían muchos trabajadores, y eso sería responsabilidad de quienes empujen a fuerza esta ley sin considerar a los sectores productivos”, sentenció Castellanos.
Con información de El Imparcial
