- Organizaciones de derechos humanos exigen la derogación del régimen de excepción en El Salvador
El Salvador.- Representantes de seis organizaciones de derechos humanos exigieron este jueves la derogación del régimen de excepción en El Salvador debido a las miles de denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos y las más de 240 muertes registradas en cárceles del país bajo custodia de agentes del Estado.
Según un informe presentado por las organizaciones, desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022 hasta marzo de 2024, se han registrado 6,305 denuncias de violaciones a los derechos humanos, con un total de 16,289 hechos o afectaciones.
El régimen de excepción, implementado para combatir a las pandillas, ha sido descrito como la principal medida de seguridad del Gobierno. Sin embargo, las organizaciones señalan que esta medida es insostenible a largo plazo y ha resultado en un aumento de la violencia y la criminalización de activistas, periodistas y líderes comunitarios.
Criminalización y detenciones de defensores de derechos humanos y jóvenes
Según Nataly Paz, de la Red Salvadoreña de Defensoras, el régimen de excepción podría estar siendo utilizado para criminalizar la labor de defensores de derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios. Se han documentado al menos 34 casos de detenciones de defensores de diferentes sectores, incluidos ambientalistas y defensores de los derechos LGTBIQ+.
Rina Monti, de Cristosal, expresó su preocupación por la criminalización de la juventud, destacando que más del 50% de las personas detenidas son jóvenes de entre 19 y 30 años. Además, se ha observado un incremento en las detenciones de adolescentes de 13 a 18 años, con un total de 203 denuncias documentadas por las organizaciones.
Hacinamiento carcelario y situación en las cárceles
Según las organizaciones, en las cárceles de El Salvador habría aproximadamente 109,519 personas privadas de libertad, lo que representa la tasa más alta a nivel mundial de personas detenidas por cada 100,000 habitantes. El hacinamiento carcelario alcanza un alarmante 335%, con 97,019 detenidos en las cárceles del país, lo que supone un gran desafío para las autoridades y un riesgo para los derechos humanos de los reclusos.
