Chihuahua.- La Diputada Georgina Zapata Lucero ha presentado una iniciativa ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado para modificar el Código Civil del Estado, proponiendo la cesación de la obligación de los hijos de dar alimentos cuando el padre haya sido sentenciado por el delito de feminicidio, particularmente cuando la víctima sea la madre.
Zapata destaca que la violencia contra la mujer, especialmente en forma de feminicidio, requiere una atención especial por parte del Estado. La propuesta busca no solo garantizar la justicia sino también analizar las circunstancias en las que quedan los hijos e hijas de la víctima y el agresor, considerando el interés superior de la niñez.
Daños Irreparables y Ruptura de la Obligación Alimentaria
La legisladora argumenta que el feminicidio no solo afecta directamente a la víctima, sino que también tiene consecuencias devastadoras para los hijos nacidos de esa unión.
La iniciativa sostiene que este crimen quebranta los valores más íntimos del núcleo familiar, generando daños irreparables.
Geo Zapata enfatiza la necesidad de que los hijos sean reconocidos como víctimas y se busca clarificar la ruptura de la relación bidireccional de la obligación alimentaria entre los hijos y el progenitor responsable del feminicidio.
La propuesta busca exentar a los hijos de la obligación alimentaria respecto al progenitor responsable, reconociéndolos como víctimas afectadas en sus valores más fundamentales.
Consideración de Consecuencias Jurídicas y Principio de Reciprocidad
La iniciativa propone un análisis preciso de las consecuencias jurídicas que deben aplicarse al sujeto activo del delito de feminicidio, especialmente cuando el sujeto pasivo es la madre de los hijos que, años después, el progenitor responsable pretende demandar alimentación.
Geo Zapata destaca la importancia de proteger a los hijos como víctimas-ofendidos del delito de feminicidio y eximirlos de la obligación alimentaria respecto al progenitor, reconociendo su condición de víctimas afectadas en sus valores más esenciales.
La iniciativa busca establecer una respuesta legal coherente con el principio de reciprocidad y los efectos a largo plazo del delito.
