Una jueza federal ha emitido un fallo en el que declara inconstitucional el proceso de edición y reparto de los nuevos libros de texto en México, ordenando al Gobierno utilizar los materiales del pasado ciclo escolar 2022-2023. La decisión se basa en el amparo presentado en abril por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), que acusó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de no cumplir con los requisitos legales en la generación de los nuevos libros y programas de estudio.
La jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Yadira Medina, otorgó el amparo a favor de la UNPF, argumentando que el proceso de la SEP carece de legalidad. Sin embargo, la SEP tiene la posibilidad de impugnar esta decisión en un tribunal colegiado de circuito en un plazo de diez días hábiles. Mientras la decisión no sea confirmada en definitiva, la SEP no estará obligada a acatarla.
El amparo emitido confirma la ilegalidad del proceso de la SEP y se enfoca en varios puntos, entre ellos:
- La necesidad de someter la elaboración de los libros a consulta de todas las secretarías de Educación estatales.
- La publicación de los programas de estudio en los que serán utilizados.
- La capacitación de todos los maestros del país para el uso de los nuevos materiales.
A pesar de esta decisión, es importante señalar que la SEP ya publicó los nuevos programas de estudio de educación básica el pasado 15 de agosto, que servirán como base para los nuevos libros. No obstante, esta sentencia difícilmente tendrá un impacto inmediato en el actual ciclo escolar, que está por comenzar el próximo 28 de agosto. Además, los estados de Chihuahua y Coahuila han promovido controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los nuevos libros, y un ministro concedió una suspensión para evitar su distribución mientras se resuelve el litigio.
La decisión de la jueza resalta la importancia de los procesos legales y de consulta en la elaboración de materiales educativos, y refleja el compromiso de diversas partes interesadas en garantizar la calidad y legalidad de los materiales utilizados en la educación en México.
