NUEVO LEÓN.- Aunque autorizaron cambios con los que la suegra del gobernador Jaime Rodríguez obtuvo un aumento del 144 por ciento en su sueldo como funcionaria estatal, dos ex directores de áreas administrativas acusados por la Fiscalía se libraron de ser sometidos a juicio.
En una audiencia que se prolongó por 10 horas, Liliana Gómez de Ossio, ex directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, y Francisco Estrada Corral, ex director de Administración en la Secretaría de Seguridad Pública, fueron señalados de ser los responsables de las supuestas irregularidades que permitieron el aumento salarial para que María Teresa Martínez Galván pudiera retirarse con una pensión del doble a la que le correspondía.
En su imputación del delito contra el patrimonio del estado, las tres representantes de la Fiscalía Anticorrupción detallaron que para que Martínez Galván pasara de ganar 28 mil pesos al regresar de una licencia de tres años a 70 mil al retirarse como coordinadora en la Secretaría de Seguridad Pública los todavía funcionarios pasaron por alto reglamentos internos, manuales y prácticas administrativas.
Debido a esto, advirtió la Fiscalía, “Doña Tere” se jubiló en el 2019 con la megapensión de 29 mil 725 pesos en lugar de los 15 mil 350 que debió recibir con su sueldo original.
Este ascenso señalado como irregular de Martínez Galván habría generado un quebranto a las arcas de Nuevo León de 1 millón 834 mil pesos, los cuales corresponden únicamente a los sueldos cobrados, se estableció.
Sin embargo, la jueza Aida Reyes consideró que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para justificar sus acusaciones.
Señaló que no se justificó que hubiera un mal uso de los recursos públicos en las acciones de los acusados.
La Fiscalía acusó a Gómez de Ossio de mover la plaza de Martínez Galván de la Secretaría de Gobierno a un puesto de mayor rango en la de Seguridad Pública sin solicitudes de los titulares que lo justificaran.
Además de que, según revelaron entrevistas a empleados de la SSP contenidas en la indagatoria, se acusó a la funcionaria de no sancionar a la madre de la primera dama por supuestamente abandonar su trabajo los meses previos a su jubilación, entre enero y junio del 2019, y por el contrario, haber autorizado la remuneración integra de su sueldo.
Sin embargo, la juzgadora desestimó esos testimonios porque el puesto de “Doña Tere” implicaba trabajo de campo y resolvió que los testimonios eran imprecisos.
Por su parte, Estrada Corral libró la vinculación por haber autorizado el aumento salarial sin cumplir los supuestos previstos en reglamentos ni una reevaluación del puesto de coordinadora y sus nuevas responsabilidades.
La defensa de los funcionarios estatales admitió que sus clientes cometieron los actos, pero argumentó que estos no constituyen delitos, sino el quebranto de reglamentos que no ameritan una acción penal.
Sin mencionar en su resolución que María Teresa Martínez Galván es la suegra del Gobernador, la jueza señaló que no veía irregularidades en que los acusados concedieran los aumentos y ascensos.
Con información de El Imparcial
