La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, que preside el diputado Fernando Galindo Favela (PRI), se reunió con los consejeros de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quienes solicitaron crear leyes generales en materia de contratación y obra pública para que exista en el ámbito nacional un piso mínimo con estándares internacionales en estos rubros.
Además que se reforme la Constitución, a fin de habilitar a la Cofece a interponer por su cuenta acciones de anticonstitucionalidad por normas que puedan ser lesivas al proceso de competencia. También, revisar el acervo regulatorio que no tiene una justificación de interés público; por el contrario, limita la entrada de empresas y restringe la información en perjuicio del consumidor.
La comisionada presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios Prieto, propuso inhabilitar a los sancionados por colusión o impedir su participación en concursos públicos. “La ley es muy amplia en los casos de adjudicación directa, por lo que se debe acotar para obligarlos a hacer investigaciones de mercado sólidas y transparentes”.
Detalló que durante 2018, se tramitaron 30 investigaciones simultáneas en diversos sectores como el mercado de medicamentos, gas LP, petrolíferos, transporte aéreo, tortilla y el sector financiero, entre otros.
De estas acciones se impusieron multas por 781.4 millones de pesos; asimismo, se analizaron 183 fusiones y adquisiciones de valor importantes, las cuales pueden generar un riesgo al mercado, porque el valor total de estas transacciones era de 9.6 billones de pesos, dijo.
Enfatizó que del 82 por ciento de los juicios de amparo que revisaron en el Poder Judicial el año pasado, se confirmaron las resoluciones de la Cofece, por lo que el trabajo de estos organismos generó un beneficio de 7 mil millones de pesos, lo que equivale a 11 veces el presupuesto de esta instancia.
Apuntó que entre las empresas sancionadas se encuentran cinco empresas que elaboran condones y sondas de látex, que adquiere el sector salud por medio de compras consolidadas, las cuales se coludían para repartirse la venta; la sanción fue de 112 millones de pesos.
En este sentido, expresó que el tercio de las investigaciones están relacionadas con empresas que se ponen de acuerdo para vender más caro al gobierno, por lo que su tarea fundamental es generar una agenda para las contrataciones públicas. Indicó que debe haber integridad y transparencia para evitar actos de corrupción.
Reveló que en lo que va del año se llevan a cabo 22 investigaciones simultáneas por prácticas anticompetitivas; por ejemplo, hoy se anunció una segunda investigación en el mercado de gas LP.
El presidente de la Comisión, diputado Fernando Galindo Favela (PRI), destacó que este trabajo en conjunto permite la rendición de cuentas y el intercambio de información en el rubro, con el propósito de beneficiar a la población.
“Si tenemos mayor competencia serán mejores precios para la ciudadanía y mejor calidad de vida para los mexicanos”.
Pidió que esta no sea la última reunión pues en colaboración se pueden construir modificaciones legales, por lo que, adelantó, estarán convocando a los funcionarios a futuros encuentros. “Es fundamental expresar aquí lo que cada uno considere”, sostuvo.
La diputada panista, Ma. de los Ángeles Ayala Díaz pidió que se detallara de qué manera se puede atender a Guanajuato, porque no hay un piso parejo en la industria de calzado, debido al dumping y el contrabando asiático. Además, solicitó su opinión acerca del proceso de licitación de los bancos que otorgarán los apoyos de los programas sociales
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (MC) le preguntó de qué manera el Legislativo puede otorgar herramientas que permitan fortalecer la autonomía de su actuar en temas de protección y competitividad.
El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) afirmó que la competencia económica es fundamental para el desarrollo del país. “Estamos convencidos que cualquier práctica monopólica debe ser atendida por la Cofece para garantizar los espacios de competencia, porque las distorsiones en los mercados afectan a los consumidores, quienes terminan enajenando bienes y servicios con precios fuera de todo equilibrio.
Del PRI, la diputada Soraya Pérez Munguía cuestionó sobre las adjudicaciones directas de las obras públicas, como la refinería en Tabasco; el aeropuerto y el Tren Maya. Propuso trabajar un proyecto de Ley de Adquisiciones, que permita un marco eficiente, sin perder la oportunidad de tener licitaciones públicas en el gobierno federal y sirva de referencia para los gobiernos estatales.
La legisladora del PAN, Silvia Guadalupe Garza Galván planteó ¿cómo le va hacer la Cofece para hacer eficiente a México con los monopolios y oligopolios en energía y banca? Cinco bancos concentran más de 70 por ciento del mercado, lo cual genera problemas que no se atienden y existe el sector informal que representa más del 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Afirmó que la Cofece tiene que estar más presente de forma decidida por las contrataciones públicas.
De Morena, el diputado Francisco Javier Guzmán De la Torre preguntó ¿qué puede hacer la Cofece para proteger a los productores tequileros certificados por el Consejo Regular, ante la usurpación de otros competidores que pretenden aprovecharse del prestigio y autenticidad de esta bebida. Apuntó la necesidad de que la autoridad evite malas prácticas y se proteja la exportación de más de 200 millones de litros de tequila al año.
De la misma bancada, la legisladora Melba Nelia Farías Zambrano solicitó analizar detenidamente la flexibilización de las opciones de inversión de las Afores, en el marco del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), porque prevalece mucha desinformación en la gente, pese a que es fundamental para el bienestar y tranquilidad de los trabajadores al concluir su vida laboral. Pidió explicar la forma como se manejarán estas nuevas disposiciones.
También de Morena, el diputado Cipriano Charrez Pedraza inquirió en ¿qué estudios se basó la Comisión sobre la adjudicación del contrato para otorgar tarjetas de los programas para jóvenes y pensión para adultos mayores? Consideró que hubo la intención de atacar políticamente estas estrategias porque no existen datos específicos para sustentarlo.
Por el PES, el legislador Eudoxio Morales Flores afirmó que en algunos estados la Cofece no vigila la competencia en el mercado. Refirió que “en Puebla, cuarta entidad más pobre del país, se canalizaron más 17 mil millones de pesos a una empresa automotriz trasnacional, recursos de impuestos que pudieron aplicarse para combatir la pobreza, y nunca hubo una opinión al respecto”. Solicitó conocer la injerencia de la Comisión respecto al carácter oligopólico o monopólico del abasto del gas LP y minería.
La diputada de Morena, Maribel Aguilera Chairez preguntó si se tiene una estrategia para regular la competencia de las aerolíneas, en especial en Durango, debido a que una sola empresa tiene sus rutas sin ninguna otra opción para los usuarios, provocando que un vuelo sencillo llegue a cotizarse hasta en más de ocho mil pesos, conforme se acerca la fecha del viaje, pese a que su costo inicial es de dos mil 400 pesos. ¿Qué acciones hace la Cofece para frenar estos abusos?
Al dar respuesta, la comisionada presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios Prieto, indicó que la Ley de Adquisiciones tiene varios supuestos para no licitar y llevarlas de manera directa; una de ellas es que sea un servicio financiero, por lo que, dijo, no hay nada ilegal. “A mí me parece muy interesante que los bancos compitieran por los nuevos clientes, ya que habrá cerca de cinco millones de nuevos usuarios al sistema bancario con la incursión de estos programas”.
Mencionó que no tiene facultad alguna la Cofece porque es un acto de autoridad, “legalmente no se puede hacer y no está en nuestras manos llevar alguna investigación”.
En el tema de la fusión de Walt Disney Compan y Twenty Century Fox, expuso que estas empresas participan en diversos mercados y actividades de contenido televisivo, derechos de transmisión de equipos de futbol, distribución de películas de cine, contenidos audiovisuales, medios interactivos, revistas, ropa, etcétera.
“Ante este panorama la Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) analizamos esta transacción, a lo que esta institución se refiere; es decir, los mercados de distribución para películas de cine y contenidos audiovisuales, música y propiedad intelectual; nosotros encontramos que no había problemas a la competencia”.
Relató que se llegó a esta conclusión gracias a un índice de competitividad, el cual puede medir cero, cuando el mercado está completamente pulverizado o diez mil cuando está concentrado; nosotros analizamos las participaciones de las empresas las sumamos y sacamos el índice.
Para el tema de la distribución de películas, comentó, el índice tiene un valor de 2 mil 100 y lo que dice la práctica internacional es que si después de una fusión el índice está entre dos mil y es menor a dos mil 500, no hay un problema de competencia y, en ese sentido, los índices salieron de esta manera y por eso se autorizó la fusión.
Además, cuando analizamos cuántas empresas participan en mercado de contenidos audiovisuales, de música y demás, se encontró que hay 150. Entonces su fusión no tiene ninguna implicación, por eso se autorizó la unión. Está pendiente que la IFT se pronuncie al respecto
Subrayó, que la Cofece compartirá siempre que la gestión pública debe ser austera y eficiente, por lo que el año pasado sólo ejercieron en gasto de representación, 25 mil pesos; en comunicación social, 900 mil pesos; viajes nacionales, tres millones; internacionales, dos millones.
Además, precisó que ninguno de los comisionados recibe bono de seguridad y de separación del cargo; sin embargo, “presentamos una controversia Constitucional porque nos parece importante conocer los parámetros y las partidas que definen el salario del Ejecutivo, porque esto nos permitirá dar certeza a quienes reclutamos, los cuales son personal especializado.
Indicó que no son más autónomos y menos corruptos si se gana más, por lo que se dijo orgullosa del nivel de integridad de todos los funcionarios que trabajan en la comisión. “Nunca hemos tenido un señalamiento contrario”.
En cuanto a la “Ley Tabasco”, indicó que existen dos opciones: trabajar en la Ley Federal de Adquisiciones y la Ley Federal de Obra Pública, así como en una ley federal para estados y municipios. “Lo que buscamos en la acción de inconstitucionalidad era mandar un mensaje de que eso que hizo Tabasco es contrario a los artículos 28 y 134 y acotar que otros estados quieran hacer reformas en este sentido”.
Pidió al Legislativo señale qué más hay por atender e investigar. “Los invito a que denuncien y nos hagan saber de aquellas circunstancias que a ustedes les preocupe, sea de nuestra competencia e impacte a los mercados”, enfatizó.
Explicó que cuando la falta de competencia en el mercado se debe a una adjudicación directa del gobierno federal, las opiniones que emite la comisión no son vinculantes, porque son imposibles de investigar.
José Eduardo Mendoza Contreras, comisionado de la Cofece, indicó que la competencia comienza en los municipios y los estados, por lo que es necesario revisar las regulaciones, las cuales impiden la entrada al mercado de competidores.
El comisionado Jesús Ignacio Navarro Zermeño puntualizó que la política de competencia en el ámbito nacional, no sólo depende de ellos, sino también tienen que ver el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por lo que su principal función es vigilar el cumplimiento de la ley.
Señaló que en la política de competencias es fundamental el tema de abogacía; por ello, continuó, es relevante que haya un acercamiento de la dependencia con el Legislativo, los gobiernos estatales y jueces.
“No es, sino con el apoyo y la visión de las preocupaciones por las condiciones de competencia de los mercados que nosotros podremos avanzar”, puntualizó.
Respecto a la pregunta sobre las Afores, el comisionado Martín Moguel Gloria, aclaró que en la actualidad están en función del dinero ahorrado y no de lo que estén generando. Mencionó que hace dos años multaron a cuatro afores por mil 100 millones, de acuerdo con lo que se considera buena práctica colusoria.
“Estamos muy cerca de ese mercado y muy atentos de lo que pueda suceder”.
El comisionado Alejandro Faya Rodríguez subrayó que la Constitución exige privilegiar, cada que sea factible, la licitación como el mejor mecanismo para conseguir las condiciones de contratación óptimas para el Estado. “Eso es incuestionable, pero hay situaciones donde puede haber excepciones justificadas”.
Afirmó que cuando no se licita y se pudo haber hecho, puede causarse un daño al mercado; “hay estudios que sostienen que cuando no se pondera la licitación, se pueden quedar fuera de la jugada empresas que son más eficientes”.
Explicó que hay barreras que se dan desde los municipios, en estados y en la Federación; por eso, “rescato la idea de hacer una ley general en la materia, pero primero habría que reformar el 73 constitucional, para que sea facultad del Congreso legislar y que los estados se sujeten a ciertos mínimos en temas de transparencia, conducción de procedimiento y justificaciones para no licitar”.
Agregó que no todo es cuestión de leyes, porque mediante un diseño mañoso de licitaciones, se pueden hacer procedimientos dirigidos; la comisión ha defendido la licitación, bien hecha, como medio idóneo.
Estimó que se deben mejorar los mecanismos de transparencia en tiempo real para vigilar de manera coordinada. “Nosotros a veces quisiéramos hacer más pero existe un campo de acción conforme a los principios de legalidad”.
