La Cámara de Diputados aprobó reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, para que el Sistema Nacional de esta labor establezca metodologías para investigar, estudiar, medir y evaluar los riesgos, a fin de prevenir daños o pérdidas ante la presencia de un fenómeno perturbador, en el que se incluyan factores físicos, sociales, económicos y ambientales, a efecto de generar condiciones que propicien la prevención y autoprotección.
El dictamen de la Comisión de Protección Civil, avalado por 414 votos a favor y que modifica los artículos 4, 19, 29 y 43 de dicha ley, señala que corresponderá al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional en la materia, elaborar y mantener actualizado el Manual de Coordinación, Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, la información de los municipios y de las demarcaciones políticas de la Ciudad de México deberán integrarse al Atlas Nacional de Riesgos.
Enfatiza que las autoridades correspondientes, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deberán elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión de la cultura de la prevención, con especial énfasis entre los habitantes de zonas vulnerables.
Al respecto, la secretaria de la Comisión de Protección Civil, diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, quien fundamentó el dictamen, señaló que “hoy como nunca se comprende la importancia de la protección civil, y de la Gestión integral de riesgo, más porque México está expuesto a múltiples fenómenos naturales y generados por el hombre, como sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, inestabilidad de laderas y ciclones tropicales”, entre otros.
Advirtió que más de 30 por ciento de la población está asentada en zonas de alto y muy alto peligro sísmico, incluyendo poblaciones de bajos recursos en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
“En promedio entran anualmente cuatro ciclones destructivos con sus consecuencias, además de heladas y sequías que imponen amenzas a la nación”, subrayó.
Enfatizó que hay un crecimiento de la población con un débil cumplimiento de las normas para la estructura de las edificaciones, lo que incrementa el riesgo de desastres. “Por muchos años ha existido un desordenado uso de suelo que ha traído fatales consecuencias”, destacó.
Agregó que los riesgos son ahora mayores debido al aumento de la población, así como por los modelos de crecimiento y desarrollo. Debemos reorientar acciones para reducir las condiciones de vulnerabilidad y se vinculen a la planeación del desarrollo”.
La diputada de Nueva Alianza, Mirna Isabel Saldivar Paz, proponente de la iniciativa, explicó que la reforma busca implementar programas de protección civil más eficaces y no sólo hacer frente a los desastres, sino prevenir posibles contingencias.
“Aún padecemos los efectos del 7 y el 19 de septiembre, México sigue de luto, pero es momento de enfocarnos en la prevención de los desastres que tanto daño causan al país”, aclaró.
Puntualizó que se trata de hacer obligatorio el uso del Atlas de Riesgos como herramienta preventiva y de planeación, y “reducir la construcción social de riesgo. Con más y mejor prevención podremos disminuir el número de víctimas mortales”.
Afirmó que la protección civil “no está previniendo catástrofes, por lo que dichos fenómenos han dejado tras de sí una estela de dolor y ha mostrado las carencias que tenemos en dicha materia”.
“Es imperativo crear medidas preventivas, dado que los sistemas de alerta actual no permiten estudiar los fenómenos que afectan el territorio nacional”, expresó.
Desde su curul, el diputado Juan Romero Tenorio (Morena) consideró que persiste una grave omisión de la responsabilidad, lo cual no precisa de ley. “El marco legal no contempla zonas de riesgo porque implicaría la aplicación de recursos”.
Posteriormente se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el jueves 5 de octubre, a las 10:00 horas.
