Ciudad de México.– La reciente aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar ha generado críticas y preocupación entre representantes empresariales y expertos, quienes afirman que no fueron consultados antes de la aprobación del fondo y que el uso de recursos de cuentas inactivas de trabajadores podría ser inconstitucional.
El nuevo fondo, creado mediante decreto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, requerirá 130 mil millones de pesos para financiarse durante su primera década. Los recursos iniciales provendrían de 4 millones de cuentas inactivas en las Afores y 2.2 millones de cuentas del Infonavit que no han sido reclamadas por trabajadores para su retiro.
Preocupaciones por la Legalidad del Fondo
José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expresó su preocupación por la transferencia de recursos de cuentas inactivas del Infonavit, calificándola de ilegal. “La iniciativa ya fue aprobada, pero consideramos que tiene elementos de inconstitucionalidad y esperamos la resolución que la Corte tenga en ese sentido”, declaró Medina Mora.
Juvenal Lobato, representante de la Coparmex ante Órganos Colegiados del Infonavit, señaló que la creación del fondo implica un traslado de recursos de más de 40 mil millones de pesos, afectando directamente a las aportaciones de más de 1.2 millones de patrones a la subcuenta de vivienda administrada por el Infonavit.
Críticas al Uso de Recursos de Trabajadores
Fernando Soto-Hay, director general de Tu Hipoteca Fácil, fue aún más crítico, afirmando que la creación del fondo es un “robo de recursos que no son de la Federación”, al tomar ahorros de trabajadores de las Afores y la subcuenta de vivienda. Soto-Hay también cuestionó el uso futuro de estos recursos sin un control adecuado, advirtiendo que podrían ser utilizados para cubrir déficits de proyectos inviables.
Patricio Flores Sandoval, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana (Sitatyr), dijo que el objetivo del fondo no debe alcanzarse a costa de las garantías individuales y los derechos sociales ya ganados por los trabajadores. “Este intento de flagrante sustracción es a todas luces inconstitucional”, afirmó.
Comité Técnico y Transferencias de Recursos
A pesar de las críticas, el gobierno anunció la formación del Comité Técnico del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que incluirá al Infonavit, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, el IMSS, el ISSSTE, la Consar y el Banco de México. El comité será responsable de establecer las reglas de operación y el régimen de inversión para el fondo.
El gobierno también informó que para la primera quincena de junio, las Afores, el IMSS, ISSSTE, Infonavit y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) deberán transferir los recursos al fondo para que los trabajadores puedan acceder a su complemento el primer día de julio de este año.
Mientras tanto, se abrirá una ventanilla única para informar a los trabajadores pensionados sobre la reforma y sus implicaciones. Los críticos continúan advirtiendo sobre las posibles acciones legales y las repercusiones negativas para los trabajadores y sus ahorros. El debate sobre la constitucionalidad del fondo y su impacto en los derechos de los trabajadores sigue en desarrollo.
