Narcoestado mexicano: criminales imponen hologramas para pasar por Tamaulipas, acusan transmigrantes

  • Delincuencia organizada exige uso obligatorio de presunto holograma y cuota de 200 dólares

En el norte de Tamaulipas, la situación de los transmigrantes se complica aún más con la imposición de un presunto holograma por parte de grupos criminales. Este holograma es requerido junto con una cuota de 200 dólares por pedimento. Empresarios centroamericanos han denunciado esta ilegalidad y señalan a la Secretaría de Finanzas, el punto de revisión federal y la ANAM como involucrados en esta situación.

Retén Ilegal en la Frontera de Tamaulipas

Guillermo Martínez, uno de los afectados, informó que se ha instalado un retén antes de la Aduana ubicada en el puente internacional Los Indios, al poniente de Matamoros.

Los cobros varían desde 80 dólares por vehículo que se dirige a países al sur de México, además de un pago adicional de 20 dólares por el presunto holograma, que supuestamente cuenta con la aprobación de la autoridad estatal.

Denuncias y Llamado a la Intervención del Gobierno de EE. UU.

Varios transmigrantes y empresarios dedicados al traspaso de vehículos y mercancía hacia países de Centroamérica han denunciado esta situación y han presentado quejas ante la Guardia Nacional para abordar el problema en este cruce.

La situación se complica aún más, ya que se menciona una repartición de los 200 dólares entre la Secretaría de Finanzas estatal, la Aduana y la Agencia Nacional. Ante esta problemática, se propone acercarse al congresista demócrata Vicente González para solicitar la intervención del gobierno estadounidense y poner fin a estos casos.

Mudanza para Evitar Delitos

Otra opción considerada por los afectados es mudarse a otra conexión fronteriza para evitar este tipo de delito. Esta problemática se suma a otros cobros ilegales tanto por parte de presuntos delincuentes como de algunas agencias, algunas de las cuales están bajo la mira del FBI.

Entre estas agencias se menciona a Transmigrantes Águila y su propietario Miguel Hipólito Caballero Aupart, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con líderes de cárteles en el noreste de México, incluyendo a Carlos Favián Martínez “El Cuate”, primo del ex líder criminal Osiel Cárdenas.