Chihuahua.- En una audiencia de vinculación a proceso por la causa penal 1260/2017, los abogados del exgobernador César D.J. presentaron argumentos en los que solicitaron que se le aplique el mismo criterio otorgado a Rosario Robles, exfuncionaria de Sedesol y Sedatu.
Argumentaron que el presunto desvío de 120 millones de pesos en el caso “Kepler Solutions” no debería ser tratado como un asunto penal, sino como un procedimiento administrativo. Además, pidieron que se inicie un proceso administrativo contra exdiputados locales y el exauditor del Estado.
La defensa también mencionó que durante la legislatura 2015-2016, los exdiputados locales aprobaron el presupuesto de egresos presentado por César D.. Solicitaron que el proceso también involucre al extitular de la Auditoría Superior del Estado, así como al exsecretario de Hacienda y al exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda, quienes habrían liderado la adjudicación de contratos a la empresa en cuestión.
Se hizo hincapié en que el Congreso del Estado aprobó el ejercicio fiscal 2016 sin señalamientos ni responsabilidades. La defensa argumentó que la potestad de fiscalización recae en el Congreso y la Auditoría Superior del Estado, y no en su cliente. En este sentido, destacaron la falta de procedibilidad en la denuncia de hechos por parte de la Función Pública para reabrir el ejercicio fiscal.
La defensa mencionó la reforma al artículo 109 de responsabilidades administrativas en 2016, que establece las facultades de control y aprobación. Basándose en ello, pidieron que el proceso penal sea sobreseído y llevado al Tribunal Administrativo, similar a la decisión tomada en el caso de Rosario Robles.
Finalmente, la defensa argumentó que el dinero no fue desviado, sino que se destinó a la empresa Kepler según lo aprobado por el secretario de Hacienda. Cuestionaron si el titular del ejecutivo tenía facultades para aprobar presupuestos y licitaciones.
