Ciudad de México.- Una batalla legal de magnitudes millonarias se ha desatado entre el Gobierno Federal y la empresa Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, a raíz de adeudos fiscales que superan los 25 mil millones de pesos. El conflicto se centra en las acusaciones de abuso por parte de Elektra, que ha empleado recursos legales para evitar el pago de sus deudas millonarias al fisco, amparándose en el auxilio del Poder Judicial.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su preocupación en relación a la justicia pronta y expedita en este contexto, cuestionando la demora en los procesos legales y la situación de impunidad que podría derivar de ellos. Denunció la dilación en la resolución de casos que involucran sumas significativas de dinero y acusó directamente al Ministro de la Corte Luis María Aguilar de paralizar el expediente relacionado con Elektra durante ocho meses para evitar su revisión.
Las acusaciones no se detienen ahí. El Procurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, anunció la intención de presentar una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia en contra del Ministro Aguilar por su actuación selectiva y omisa en la resolución del caso. Se argumenta que el Ministro Aguilar atrajo el asunto de manera excepcional pero no ha tomado medidas para resolverlo, lo que ha generado descontento en el Gobierno federal.
Elektra, durante su fiscalización en los años 2010, 2011 y 2013, fue señalada por no haber pagado impuestos que ascienden a más de 25 mil millones de pesos. La empresa ha implementado estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de los impuestos atrasados. Estas maniobras han llevado a señalar a la SCJN como parte fundamental de estas estrategias.
El choque entre intereses económicos y la búsqueda de justicia fiscal sitúa este enfrentamiento en el centro de un debate en constante evolución. Las acciones legales y las acusaciones lanzadas por ambas partes generan interrogantes sobre el papel del poder judicial en la garantía de la justicia pronta y expedita, así como en la administración de asuntos de gran relevancia nacional. El resultado de este conflicto no solo podría tener implicaciones financieras, sino también transformar la percepción de la justicia en el país.
