CDMX.- El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), expresó que estas conclusiones tienen la finalidad de que la economía crezca. “Este es un desafío, pero también una convicción de que debemos dejar atrás años de estancamiento productivo para abrir una nueva etapa del crecimiento con justicia, bienestar y con sustentabilidad”.
Indicó que son solicitudes para que el Ejecutivo incorpore como políticas públicas y será la posibilidad de integrar una agenda legislativa común, para construir las disposiciones legales y constitucionales en muchas de las áreas que permitan establecer mejores condiciones para la economía y las finanzas del país.
Dijo asumir lo que la Cepal ha recomendado para nuestro país y para otros lugares de América Latina: poner fin a la renuncia tributaria, empezar a actualizar aquellos gravámenes que tienen que ver con productos que están provocando severos daños a la salud, asumir el reto de regular fiscalmente el comercio electrónico, acortar la brecha entre aquellas tasas establecidas en la ley y las efectivamente pagadas en el Impuesto Sobre la Renta, garantizar un combate efectivo a las empresas fantasma y a la facturación falsa y modernizar y fortalecer las haciendas municipales y estatales.
En los próximos días, tanto en la Comisión Permanente como al inicio del periodo de sesiones presentaremos las propuestas en esta primera fase que solamente tiene como objetivo: ordenar el actual esquema tributario sin subir impuestos, sin crear nuevos gravámenes, sino simple y sencillamente ordenar lo que en la actualidad tenemos. Se busca cerrar un círculo virtuoso, pues el gobierno ha establecido una racionalidad del gasto, garantizado un manejo honesto de los recursos y establecido como prioridad una disciplina financiera. “Nos falta el incremento de los ingresos: ése es el reto que tenemos que enfrentar”.
Se busca aumentar la inversión, un Estado que gaste más; que a partir del 2020 pueda empezar una senda para que en los próximos años el 6 por ciento del producto nacional se pueda dedicar a la inversión; se pretende perfeccionar y consolidar las asociaciones entre el sector público y el privado. “Hoy más que nunca, la participación del sector privado tiene que ser más consistente”.
En el tema del bienestar, añadió, los niveles de competencia económica tienen que ser diferentes, pues “la mayor carga contra los pobres se debe a mercados controlados por el oligopolio y porque prácticamente se cargan con precios y sobreprecios a los más necesitados en el consumo de alimentos, de materiales para la construcción y de medicinas”.
Precisó que junto con la mayor competencia también está la regulación de las transferencias monetarias. Hay un sistema nuevo que se propone para evaluar los programas, hacerlos más transparentes y más justos. “Estamos buscando acompañar la propuesta del Ejecutivo con una nueva arquitectura institucional que nos permita un combate real a la corrupción; el sistema que estamos proponiendo ayudará a que el Presidente de la República, el Estado mexicano, pueda crear instituciones fuertes para combatir la corrupción”.
