Gobierno mexicano rechaza cualquier presión norteamericana para cambiar legislación migratoria

CDMX.- En la comparecencia del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, diputados del Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM lo cuestionaron respecto a las acciones que implementará México en torno a la caravana de migrantes hondureños que ingresan por la frontera sur del país; también, sobre seguridad y derechos humanos, entre otros temas.

En el marco de la Glosa del Sexto Informe de gobierno, el funcionario federal enfatizó que el gobierno mexicano dará a los migrantes el mayor número de protección humanitaria y de derechos humanos posible y aclaró que “frente al gobierno norteamericano, rechazamos cualquier intento de presión a cambiar nuestro marco legislativo en materia migratoria”.

Ante los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Población; Seguridad Pública; Asuntos Migratorios, y de Protección Civil y Prevención de Desastres, reveló que Estados Unidos “nos ha pedido deportaciones masivas, a lo que se les ha dicho que no. Hoy lo hizo otra vez, de nueva cuenta, a través del método de comunicación que utiliza el Ejecutivo norteamericano, de que paremos caravanas o migrantes que están ya en territorio nacional, y se le dijo, y se le vuelve a decir, desde esta tribuna, que no”.

Agregó que, por esa misma razón, no se aceptó un peso de ayuda del gobierno norteamericano, en materia alguna, “en el tiempo que su servidor ha sido secretario de Gobernación, porque no se necesita, y porque no hay un solo dato que pueda hacer que se comprometan las decisiones que le corresponden al gobierno de México”.

Subrayó que la relación política en materia migratoria con Estados Unidos, está lejos de ser la misma. “Es absolutamente contraria a una política xenófoba, de separación de familias, de discriminación de connacionales, a quienes se les trata como criminales, cuando lo único que están buscando son oportunidades de trabajo”.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcántar (PVEM) señaló que el tema de inseguridad y violencia ha llegado a niveles alarmantes en los últimos meses, lo cual afecta la calidad de vida de personas y su patrimonio. “Sin duda alguna se trata de un enorme desafío que nos exige actuar con estrategias integrales, que comprendan fortalecer las capacidades institucionales del Estado y el uso de la fuerza pública como último recurso, a fin de garantizar a la ciudadanía su desarrollo pleno”.

Hizo un extrañamiento porque, a pesar de que la prevención del delito es fundamental, no posee el presupuesto necesario para el cumplimiento de sus objetivos y pasó a segundo término en esta administración, por lo que pidió una explicación al respecto.

En su respuesta, el titular de Gobernación reconoció que, efectivamente, hubo una disminución presupuestal hace dos años, en el programa de prevención social de la violencia y la delincuencia, a partir de la caída del petróleo y la decisión de no aumentar impuestos ni tampoco generar mayor deuda de parte del gobierno federal.

La parte primaria de prevención social, explicó, se sustituyó con el apoyo a otros programas de la Secretaría de Educación, la Conade, y la Secretaría de Salud, donde se invirtieron ocho mil 572 millones de pesos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred) para brindar más de 20 mil atenciones médicas, jurídicas y psicológicas a mujeres víctimas de violencia; 16 mil actividades culturales y deportivas y se benefició a más de 14 mil personas en materia de prevención social.

Añadió que “el 50 por ciento del total de los homicidios violentos que ocurren en el país, el 2 por ciento sucede en municipios. En 2007, el 30 por ciento se perpetraba con arma de fuego y, en 2017, se elevó a 70 puntos porcentuales”.

Apuntó que la entrada ilegal de armas al territorio nacional por parte de Estados Unidos, que no ha tomado acciones concretas en la materia bajo el amparo de la Segunda Enmienda, ha generado que casi el 80 por ciento de las mismas ingrese por esa frontera.

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