México.- La reciente aprobación del fondo de pensiones para el Bienestar por parte de comisiones del Senado ha suscitado preocupación entre las personas mayores de 70 años, quienes enfrentan una gran incertidumbre respecto a lo que ocurrirá con sus ahorros para el retiro. El dictamen, que ya ha sido enviado a la mesa directiva del Senado para su votación, ha generado un intenso debate sobre su viabilidad y los riesgos que implica.
Uno de los aspectos más controvertidos de esta iniciativa es la falta de claridad y transparencia en la comunicación de los políticos. Carlos Matute, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (UP), señaló que el discurso político confunde y engaña a la población, especialmente a los adultos mayores de 70 años, quienes tienen serias dudas sobre el futuro de su dinero. Según Matute, el partido Morena promueve la idea de que con 40,000 millones de pesos (mdp) se podrá garantizar pensiones del 100% del salario base de cotización, algo que considera un engaño social. Por otro lado, el PAN ha insinuado que la gente podría perder sus ahorros, una afirmación que Matute califica como confusa.
El dictamen aprobado por los diputados establece que las cuentas de trabajadores mayores de 70 años que aún tengan una relación laboral activa no serán tocadas. Sin embargo, las cuentas de jubilados que no hayan sido reclamadas serán transferidas al fondo de pensiones para el Bienestar. A pesar de estas garantías, todavía hay incertidumbre respecto a la forma en que se financiará el fondo y si los recursos disponibles serán suficientes para garantizar pensiones completas.
Uno de los puntos de discusión más críticos es el origen de los fondos. El gobierno ha propuesto financiar el fondo con recursos provenientes de pensiones no reclamadas, utilidades de empresas estatales como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, así como con dinero de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), y del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Sin embargo, Virgina Ríos Hernández, miembro de la comisión técnica de investigación fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), expresó su preocupación por la falta de certeza en las fuentes de financiamiento. También cuestionó el uso de pensiones no reclamadas como base del fondo, advirtiendo que podría sentar un precedente peligroso.
Además, Matute criticó el hecho de que el fondo de pensiones para el Bienestar se esté discutiendo antes de aprobar la reforma de pensiones propuesta por el presidente el 5 de febrero. Considera “inaudito” crear un fondo sin una base legal sólida y sugiere que podría haber un intento de aprobar la reforma en el corto tiempo que queda antes del cierre del periodo legislativo el 30 de abril.
En conclusión, el fondo de pensiones para el Bienestar plantea una serie de retos y dudas que deben ser abordados antes de su implementación. La falta de claridad y la incertidumbre respecto al financiamiento y la protección de los derechos de los trabajadores requieren un análisis detallado y una mayor transparencia por parte de las autoridades y los legisladores.