Reglas más estrictas para establecer sueldos de funcionarios en Chihuahua, propone Diputado

Diputado del Congreso de Chihuahua presentó una iniciativa para expedir la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para el Estado de Chihuahua y sus Municipios, y evitar que los sueldos y prestaciones de servidores públicos sean desproporcionados.

“Es ofensivo observar cómo en regiones del Estado donde se vive en condiciones de verdadera miseria y donde la carencia de servicios públicos para diversos sectores de la población es abrumadora, existen servidores públicos con sueldos y prestaciones económicas que resultan incluso superiores a las percepciones del propio Gobernador del Estado”, señaló el legislador.

Esta iniciativa contempla condiciones más estrictas en la presentación de los tabuladores en el Presupuesto de Egresos, en términos brutos y netos, mensuales y anuales. Dichos tabuladores de la administración pública serán aprobados por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egreso.

La propuesta contempla que “la remuneración de los servidores públicos debe responder, entre otros, a criterios tales como el grado de responsabilidad y nivel jerárquico, de manera que se eviten disparidades inadmisibles entre cargos de características similares, con fundamento en el principio jurídico que establece que al trabajo igual corresponde salario igual”.

Para cumplir con el principio democrático de transparencia, la propuesta de ley establece que las remuneraciones y tabuladores serán públicos y deberán especificar los rubros que componen el ingreso.

Adicionalmente, en ningún caso se podrán autorizar u otorgar remuneraciones que impliquen un doble beneficio por el mismo concepto para el servidor público, independientemente de la denominación que para estas se haya establecido.

Así mismo, también se contempla un rubro sobre viáticos, los cuales estarán sujetos a comprobación y los remanentes de los recursos asignados, deberán devolverse al órgano público que se los otorgó dentro de los diez días hábiles después de la conclusión de la comisión.

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