La desaparición forzada se define como “el arresto, la detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad cometida por agentes del Estado, o personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, según la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Este delito ha aumentado en un año cuatro meses más de 60 por ciento de acuerdo a datos oficiales.
La Procuraduría General de la República (PGR) reportó que en octubre de 2016 la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas contaba con 39 expedientes sobre desaparición forzada.
Para el mes de febrero de este año, un vez que se transformó en Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, ya acumula 63 expedientes.
El titular de la fiscalía, Abel Galván Gallardo asegura que en esas carpetas se involucran hasta 127 personas que presuntamente han sido víctimas de desaparición forzada.
Aunque Galván Gallardo detalla que encontraron 852 expedientes, solo 63 corresponden a ese delito.
Hay que recordar que a partir del 16 de febrero la Fiscalía adquirió la facultad de investigar los casos bajo su resguardo.
Aunque reconoce que el personal con el que contaba la dependencia anterior, que eran 40 policías federales ministeriales y 40 agentes del ministerio público, no será suficientes para afrontar sus nuevas responsabilidades.
Asegura que es necesario replantear sus acciones pues, con las nuevas tareas, se exige aumentar el capital humano.
Ahora, además de investigar, tendrá que generar las bases para integrar el Banco Nacional de Datos Forenses, el cual será administrado por los Servicios Periciales de la PGR.
El Banco tendrá también que integrar un Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y además un Registro Nacional de Fosas, todo ello antes del 16 de enero de 2019, es decir cuando se cumpla un año de la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
La tarea parece monumental: con poco personal, que en lugar de resolver casos han ido aumentando; con la impunidad como constante; sin procuradores; y con los partidos políticos encargados de nombrarlos en la lucha electoral, todo parece indicar que ese Banco siempre operará con números rojos.
(Con información de Reforma)
