La Fiscalía Contra la Trata de Personas ejecutó la orden de aprehensión en contra de Carlos “N”, de 31 años
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.- Agentes de la Policía Especializada detuvieron a un profesor de educación primaria en Tuxtla Gutiérrez, que difundía a través de cuentas de correo electrónico, imágenes de pornografía infantil, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
La Fiscalía Contra la Trata de Personas ejecutó la orden de aprehensión en contra de Carlos “N”, de 31 años, originario de la ciudad de Comitán de Domínguez, como probable responsable del delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, a través de la difusión de pornografía infantil en la capital de Chiapas.
El maestro de educación básica fue aprehendido durante un operativo de cateo domiciliario en un inmueble de la colonia Belén, en Tuxtla Gutiérrez, donde además le fueron asegurados cuatro teléfonos celulares, un equipo de cómputo, cuatro memorias USB, una consola de Xbox, un DVD y otros indicios de pruebas.
La investigación en contra de Carlos “N” inicio tras la denuncia presentada por la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, que remitió los reportes de incidencias de trasmisión y producción de material de abuso sexual infantil, donde además se tuvo la colaboración internacional con el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados.
La Dirección General Científica aportó la evidencia digital y realizó el análisis y la investigación cibernética, en coordinación con la Policía Cibernética de Chiapas, y una vez que se practicaron diversas diligencias ministeriales, se constató que Carlos “N” se desempeñaba como docente en una escuela pública de Tuxtla Gutiérrez.
El profesor “difundía a través de varias cuentas de correo electrónico, imágenes de pornografía infantil”, señaló la Fiscalía Estatal.
El imputado fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 14, El Amate en el municipio de Cintalapa de Figueroa.
El pasado martes el Juez de Control de Delitos Graves dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa. Además estableció seis meses de plazo de investigación complementaria.
Con información de El Imparcial.
