Chihuahua.- La 67 Legislatura de Chihuahua ha emitido un exhorto al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), solicitando recursos extraordinarios destinados a la infraestructura hídrica en la entidad. El objetivo de esta solicitud es abordar la actual crisis de sequía y garantizar un suministro adecuado de agua para la población.
El diputado Ismael Pérez Pavía presentó la proposición, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado. En su exposición, destacó la grave situación de sequía que enfrenta México, con Chihuahua como el estado más afectado. El legislador expresó su preocupación por la disminución de la inversión en seguridad hídrica y la falta de fortalecimiento de la infraestructura para mitigar los impactos de la crisis.
El legislador subrayó la urgencia de garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua para proteger el bienestar de la población y el desarrollo a largo plazo del país.
La proposición hace referencia a las advertencias del Monitor de Sequía de América del Norte, que prevé graves consecuencias inmediatas para México en 2024. Se espera un déficit alimentario, especialmente en la producción de maíz y otros productos básicos, lo que podría resultar en mayores importaciones y un aumento significativo de precios. En el caso de Chihuahua, se destaca el riesgo para la siembra de diversos cultivos y la alimentación del ganado debido a la falta de lluvias.
Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Chihuahua se encuentra entre los nueve estados con sequía en la totalidad de su territorio. Además, es el segundo estado con más municipios en la categoría de sequía “excepcional”, caracterizada por pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos, riesgo excepcional de incendios, y escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, según el Monitor de Sequía de América del Norte (NADM).
La situación podría llevar a una declaratoria de emergencia debido a la ausencia de agua en el estado. En este contexto, se considera inaceptable la reducción de recursos destinados a la gestión del agua, especialmente cuando se requiere una mayor inversión en infraestructura y programas para la protección del agua.
