Totalplay, de Salinas Pliego, impugna a ministro de la Corte para retrasar fallo sobre deuda fiscal

Foto: El Imparcial

México.- La empresa Totalplay Telecomunicaciones, perteneciente a Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, ha presentado un recurso de impedimento contra el Ministro de la Corte Luis María Aguilar. Este movimiento legal tiene como objetivo retrasar el fallo en torno a una deuda fiscal de 646 millones de pesos, después de que Aguilar propusiera fallar en contra de la compañía en relación con un amparo contra un crédito fiscal emitido por el SAT en 2015.

En el proyecto presentado por Aguilar, se evidencia que Totalplay habría aplicado indebidamente deducciones, lo que ha motivado la estrategia de impedimento por parte de la empresa.

Estas acciones legales, utilizadas anteriormente por filiales de Grupo Salinas, buscan alegar un conflicto de interés por parte del juzgador para retrasar resoluciones judiciales.

Aunque las razones específicas del impedimento de Aguilar no han sido detalladas públicamente, este tipo de acciones legales han resultado efectivas en el pasado para prolongar juicios fiscales.

Deudas Millonarias y Amparo en Revisión

Totalplay también enfrenta otra deuda fiscal de 858 millones de pesos por el ejercicio de 2012. La empresa había ofrecido bienes muebles, incluyendo fibra óptica, licencias y software, como garantía al SAT.

Sin embargo, una reforma al Código Fiscal de la Federación implementada en 2021 limitó la aceptación de bienes intangibles como garantía, dejando pendiente una deuda de 366 millones. La empresa impugnó esta reforma, y su amparo está bajo revisión en la Corte desde mayo de 2023.

Persistencia de Estrategias Legales para Prolongar Resoluciones

Es importante destacar que este recurso de impedimento se suma a la persistencia de estrategias legales utilizadas por Grupo Salinas para prolongar juicios fiscales. En 2020, otra empresa del grupo, Elektra, logró con éxito un impedimento que retrasó un juicio hasta enero de 2022.

Estas tácticas legales han generado controversia y plantean interrogantes sobre la efectividad y transparencia del sistema judicial en casos de deudas fiscales de grandes corporativos.