Ciudad de México.- En un esfuerzo por brindar mayores beneficios a la clase trabajadora mexicana del sector formal, se han promovido y avalado diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en los últimos meses. Una de las propuestas de enmienda más recientes que ha despertado un gran interés entre los trabajadores formales en México es la denominada “Ley Silla”.
En medio de esta expectación, surgen preguntas sobre cuándo podría entrar en vigor esta ley y cuáles serían las multas para las empresas que no cumplan con sus disposiciones, en caso de ser aprobada en el Congreso de la Unión.
La propuesta de la “Ley Silla” fue presentada el pasado mes de agosto por Rodrigo Cordera, miembro del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, a través de plataformas virtuales. Esta iniciativa busca garantizar que los empleados que desempeñan trabajos en los que deben estar de pie la mayor parte del tiempo tengan acceso a una silla y no se les prohíba sentarse durante su jornada laboral.
Esta medida se considera especialmente relevante para ocupaciones como cajeros y meseros, donde la permanencia de pie durante horas puede dar lugar a diversas afecciones y enfermedades.
La reforma propuesta a la Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla que las empresas no podrán prohibir a sus empleados sentarse, independientemente de si sus puestos laborales requieren estar de pie la mayor parte del tiempo. Sin embargo, es importante destacar que, hasta el momento, la propuesta de la “Ley Silla” se encuentra en la etapa inicial de su proceso legislativo, habiendo sido presentada en la cámara alta del Poder Legislativo Federal.
Para que entre en vigor, la iniciativa debe ser aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados, lo que significa que no se pueden establecer fechas definitivas para su implementación. Además, se estipula que las empresas que no cumplan con las disposiciones de la “Ley Silla” podrían enfrentar multas que oscilan entre los 25 mil y los 250 mil pesos.
En resumen, aunque la “Ley Silla” representa un avance significativo en la protección de los derechos laborales en México, su implementación aún está sujeta a la aprobación en el Congreso y podría estar sujeta a modificaciones. Por lo tanto, se requiere un seguimiento cuidadoso de esta propuesta y su evolución en el ámbito legislativo.
Con información de Debate
