Desde Estados Unidos, narcotraficantes están utilizando una estrategia novedosa para enviar sus ganancias ilícitas a México, empleando el esquema de las remesas como una fachada para dificultar el rastreo de sus actividades ilícitas. Según una investigación de Reuters, estos delincuentes están reclutando a un ejército de personas en ambos lados de la frontera para enviar pequeñas sumas de dinero, evitando así levantar sospechas y complicar la detección de sus movimientos financieros.
La red de empresas legales de transferencia de dinero en Estados Unidos, diseñada para ayudar a los trabajadores migrantes a enviar dinero a sus familias, es la base de este plan delictivo. En Culiacán, algunos residentes han admitido haber operado en este esquema de remesas para el Cártel de Sinaloa.
Uno de los testimonios proviene de una madre mexicana de Culiacán, quien reveló haber obtenido alrededor de 17 mil dólares a lo largo de los años al reclutar a otras personas y cobrar remesas por un total de cientos de miles de dólares. Ella explicó que un vecino la introdujo en este esquema y que nunca ha conocido en persona a los líderes del cartel.
“Todo era por teléfono”, relató. “Una persona me hablaba y luego otra y así. Los números de teléfono los cambiaban”, añadió. Mostró mensajes de WhatsApp que aseguró provenían de traficantes coordinando la recogida y entrega de las remesas. Un mensaje de principios de 2022 decía: “Te están esperando afuera. Ellos ya saben quién eres. Entrégales la lana (dinero)”.
Las remesas a México, que principalmente provienen de Estados Unidos, alcanzaron un récord de 58 mil 500 millones de dólares el año pasado, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). Esta cifra representa un aumento de 25 mil millones de dólares, equivalente al 74%, desde 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo. Esta inyección de fondos legítimos en la economía a través de remesas, junto con el uso indebido de estas transferencias por parte de los narcotraficantes, pone de relieve la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en el sector financiero para evitar el lavado de dinero y actividades ilícitas.
