Por fin, después de tantas pospuestas, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa se decidió sesionar para desahogar el asunto de Juan Pedro Santa Rosa, extitular del Instituto Chihuahuense del Deporte, quien designó contratos millonarios a empresas afines a él.
Aunque el TEJA le dio tan sólo tres miserables meses de inhabilitación, su carrera queda debidamente manchada para que cualquier intento que haga, sea perseguido por sus actos de corrupción y de conflicto de intereses.
Si bien, fue sólo un millón y medio lo que se le comprobó, seguramente las tranzas fueron por mucho más, pero bueno, así funciona esto de la política y la corrupción, sólo lo que se comprueba, es decir, lo que no pudieron blindar bien.
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Julián y Adrián LeBarón, están sumamente indignados por que el presidente Andrés Manuel López Obrador, va inaugurar un nuevo tramo carretero en Bavispe, Sonora, en donde fueron masacrados niños y mujeres de su familia por los cárteles de la droga chihuahuenses.
La bronca está en que el presidente Obrador tiene un compromiso con ellos de llevarles justicia, pero aunque se llevará a cabo dicho evento, nisiquiera fueron convocados, lo que la comunidad LeBarón ha tomado como una ofensa y una burla.
Claro, ellos saben que de los gobiernos morenistas no pueden esperar mucho, y para colmo ya se dice entre las malas lenguas que esos caminos pavimentados van a ser utilizados para un mejor trasiego de drogas, armas y dinero, para que los maladrines no batallen.
Parece que sus constates manifestaciones y acercamientos políticos en la Ciudad de México no han rendido frutos, pero estos sólo les da una muestra de lo que es la política nacional y no sólo el ámbito regional o local.
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Todos estamos a la expectativa de ver lo que responderá Gilberto Loya sobre el terreno baldío en donde se encontraron las ropas que les aseguraron a los presos del Cereso estatal número 1 de Aquiles Serdán.
El operativo se anunció con bombo y platillo, incluso la gobernadora Maru Campos estuvo presente en la destrucción de los artículos prohibidos que se confiscaron en el centro penitenciario, pero nadie sabe si existe una buena explicación para que todo lo no destruido se haya localizado en un terreno baldío.
Habrá que ver si Marco Bonilla multará a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por tirar basura en lugares prohibidos, o si los encargados del operativo podrán explicar ese hallazgo, que de por sí, fue encontrado por familiares de los internos y no por autoridades.
