- Autoridades estadounidenses entregaron al fugitivo en el cruce fronterizo de la Ciudad de San Isidro, California y Tijuana, Baja California
La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctima del Delito por Razón de Género y la Familia, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Óscar Lorenzo T. A., quien se encontraba sustraído de la acción de la justicia por los delitos de violación y abuso sexual agravado.
Autoridades estadounidenses entregaron al presunto responsable a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en el cruce fronterizo que une la ciudad de San Isidro California con Tijuana Baja California.
Tras ingresar a territorio mexicano, Agentes de la AEI adscritos a la FEM le cumplimentaron una orden de aprehensión que se encontraba vigente desde el mes de septiembre de 2019.
El detenido fue trasladado a la ciudad de Chihuahua donde se presentó ante un Juez de Control y se le formuló imputación por varios cargos de violación y abuso sexual agravado cometidos en perjuicio de sus dos hijastras.
Pruebas testimoniales y periciales indican que el presunto agresor aprovechó cuando las niñas se quedaban bajo su cuidado para agredirlas en varias ocasiones entre los años 2016 y 2019.
Las indagatorias ministeriales revelaron que el imputado aislaba a las víctimas para cometer el ilícito y posteriormente las amenazaba con hacerles daño si contaban lo sucedido, por lo que guardaron silencio hasta el año 2019 cuando se dio aviso al Ministerio Público.
Registros oficiales, señalan que el equipo legal obtuvo la orden de aprehensión pocas horas después de que se denunciaron los hechos, sin embargo, el presunto agresor logró cruzar a Estados Unidos y sustraerse de la acción de la justicia por espacio de dos años.
Al término de la primera audiencia, el Juez de Control impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá interno en el CERESO de Chihuahua en tanto se resuelve su situación jurídica.
De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
