Ciudad de México.- La Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), aprobó su opinión favorable sobre la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de interrupción legal del embarazo y salud sexual y reproductiva.
La legisladora explicó que la propuesta presentada por diputados de Morena, y que será dictaminada por la Comisión de Salud, busca garantizar los derechos sexuales y reproductivos, pugnar por una libertad de conciencia y que las instituciones especializadas realicen sin objeción la interrupción legal del embarazo a las mujeres que así lo soliciten.
“Coincidimos con esta propuesta, toda vez que abona al avance de los derechos de las mujeres y en lo establecido en diversos tratados y criterios de órganos internacionales”.
Refirió que las integrantes de esta instancia legislativa proponen algunas modificaciones para que las instituciones de salud tengan personal no objetor de conciencia con el objetivo de llevar a cabo este procedimiento, el cual deberá ser hasta las doce semanas de gestación.
Asimismo, que a quienes soliciten la interrupción del embarazo se les dé consejería médica y social con información veraz y oportuna. Además, en los artículos transitorios se establece que se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto una vez que esté en vigor.
La presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván (Morena), comentó que con la aprobación de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México se logró que este procedimiento se lleve a cabo en las mejores condiciones sanitarias y acorde con el respeto al derecho humano a la salud.
Agregó que la interrupción del embarazo sigue causando una de cada 13 muertes maternas; no obstante, en la Ciudad de México después de su legalización no se ha reportado ninguna defunción a causa de este procedimiento.
Añadió que las persistentes restricciones legales en el país ponen en riesgo a las mujeres y a los profesionales de la salud al ser criminalizados y perseguidos penalmente, por lo que es ineludible tomar una visión de progresividad en la defensa de los derechos humanos de quienes optan por interrumpir el embarazo.
Al respecto, la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN) mencionó que el primer derecho de la persona es a la vida, por lo que se pronunció en contra de esta opinión y preciso que se debe trabajar y legislar en la prevención del embarazo adolescente y los no deseados, a través de la impartición de educación sexual, paternidades responsables y mejorar los procesos de adopción.
La diputada de Encuentro Social, Adriana Paulina Teissier Zavala, indicó que su postura es en sentido negativo, toda vez que todo individuo tiene derecho a la vida y el aborto es la muerte de un ser vivo y constituye la intención de acabar con una vida humana.
En representación de Morena, la diputada Sandra Paola González Castañeda expuso que en un país que ocupa el primer lugar en embarazo infantil en el ámbito mundial, es urgente realizar una política pública que brinde este tipo de atención médica.
La legisladora Cynthia Iliana López Castro (PRI) aseguró que es urgente atender este problema porque miles de mujeres han solicitado su legalización y con ello evitar los abortos clandestinos que se realizan en lugares sin higiene y ni control sanitario.
El diputado de Encuentro Social, Ernesto Vargas Contreras afirmó que se debe tratar este problema de salud pública; sin embargo, propuso pedir al Estado emprender políticas públicas orientadas a evitar el embarazo adolescente y los no deseados.
Por el PAN, La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo dijo que con esta reforma se atiende la consecuencia, pero no las causas, porque una verdadera política pública no busca dar respuesta paliativa. “No se trata de un tema moralista, sino de derechos humanos”.
La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) expuso que la reforma busca garantizar el derecho a decidir y en caso específico a las mujeres más pobres, ya que son quienes más mueren por abortos.
La diputada Sin Partido, Ana Lucía Riojas Martínez opinó que esta reforma evitará que se criminalice a las mujeres que interrumpen el embarazo y que estos procedimientos se realicen de forma segura e higiénica.
La legisladora panista, Sarai Núñez Cerón dijo que la interrupción del embarazo es claramente un homicidio intrauterino. “No es posible que en un país bañado en sangre donde impera la cultura de la muerte se insista en proceder a favor del aborto. Nuestra obligación como diputados es proteger el derecho a la vida”.
Su correligionaria, diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz consideró que un derecho humano no puede pisar otro derecho humano y aclaró que nadie quiere que mueran mujeres en abortos clandestinos, por lo que pidió solucionar la razón de origen y no la consecuencia.
La diputada del PRD, Guadalupe Almaguer Pardo indicó que esta reforma permitirá que no se criminalice a quienes deciden interrumpir su embarazo y se garantice el derecho a decidir sobre su cuerpo.
A su vez, la diputada Janet Melanie Murillo Chávez (PAN) señaló que es necesario generar una política integral donde haya mecanismos de prevención en materia reproductiva.
En representación de MC, la diputada Martha Tagle Martínez resaltó que la vida de las mujeres depende de una legislación que garantice sus derechos, por lo que la interrupción legal del embarazo permitirá que lo realicen de manera segura y en instalaciones del Estado.
La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (PES) dijo que en su bancada no se está de acuerdo con la criminalización de las mujeres. “En nuestro grupo parlamentario defendemos y valoramos la vida; nuestro voto será en contra del dictamen”.
La legisladora Clementina Marta Dekker Gómez (PT) señaló que el embarazo no es un problema de salud, pero sí el clandestino; estamos hablando de garantizar la salud a las mujeres de México. “Aquí habemos mujeres que formamos parte de un grupo parlamentario con una ideología y otras que aún a pesar de su opinión personal tienen que votar en contra de una opinión, en contra de un dictamen, y eso es muy respetable”.
De la bancada del PAN, la diputada Jacquelina Martínez Juárez indicó que en el sistema de salud no está cubriendo las necesidades de las y los mexicanos; por ello, cuestionó si se les dará prioridad a los abortos en lugar de los partos. “No se ha logrado un sistema que esté funcionando, al contrario, ha ido en decadencia; yo estoy a favor de la vida”.
Su compañera de partido, la legisladora Patricia Terrazas Baca comentó que con la legalización del aborto no mejorarán las cifras de bienestar de las mujeres en situación de embarazo. “Las principales causas de mortalidad materna en México es el aborto, con el 9.2 por ciento, las enfermedades hipertensivas del embarazo 20.5 por ciento, y hemorragia con el 14.3 por ciento”.
La diputada María Elizabeth Diaz García (Morena) resaltó que es necesario despenalizar el aborto porque México es el primer lugar de niñas embarazadas y de pederastas y violadores de menores. “34 niñas son abusadas sexualmente todos los días, muchas de ellas quedan embarazadas y su cuerpo no soporta a esa edad un embarazo y abortan de manera espontánea; tenemos menores encarceladas en los estados más pobres y violadores libres”.
Del mismo partido, la legisladora Dorheny García Cayetano dijo que las mujeres más jóvenes no cuentan con esa capacidad económica para garantizar la vida de un ser humano que merece toda la atención, y tienen que recurrir a un aborto en las peores condiciones; son las mujeres más pobres, jóvenes y vulnerables las que están en peligro.
En su participación, la diputada María Liduvina Sandoval Mendoza (PAN) manifestó que el tema está relacionado también con la educación y el abuso sexual, los cuales no se están señalando. Estamos perdiendo de vista el tema integral; no atendemos las causas, sino una de las consecuencias.
La legisladora Mildred Concepción Ávila Vera (Morena) señaló que se está buscando acompañar y respetar en las mujeres el derecho a decidir en la salud sexual y reproductiva. De 2007 a 2019 hubieron 216 mil 755 casos de interrupción del embarazo en la Ciudad de México; son ellas quienes toman sus decisiones, por lo que se tiene que garantizar condiciones higiénicas para su atención.
Del PRI, la diputada Soraya Pérez Munguía expuso que la tasa de mortalidad materna en el país es de 44 por cada 100 mil niños nacidos, mientras que en la Ciudad de México es de 48; la cual no ha mejorado porque no se ha visto este tema como algo integral, sino solamente han querido atender una de las consecuencias. Son 21 estados los que están posicionados a favor de la vida, siendo éste un tema que nos divide: “yo hago votos porque legislemos cosas que nos unan y fortalezcan y que estén a favor de la vida y no de la muerte”.
De la bancada de Morena, la legisladora Rocío del Pilar Villarauz Martínez señaló que el derecho a la maternidad debe ser voluntaria y no se puede seguir criminalizando a las mujeres por decidir si están dispuestas o no a la maternidad. “No es posible que una mujer cuando llega con un tema de aborto a un hospital, en lugar de que sea atendida se la llevan a la cárcel”.
