Con el propósito de fortalecer los mecanismos de apoyo y asistencia a mexicanos repatriados, mejorar sus condiciones de vida, garantizar su retorno en buenas condiciones y su reinserción a la sociedad mexicana, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (MC) presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Migración.
En el documento, enviado a la comisión de Asuntos Migratorios, reconoce que ésta es una de las poblaciones que más contribuye al soporte económico de México, pero no tiene la cobertura necesaria para reintegrarse al ámbito social del país y alcanzar una calidad de vida digna, por lo que el Estado debe retribuirles por el esfuerzo que representa su trabajo.
Explica que la migración por motivos económicos se presenta ante la falta de oportunidades y bajos salarios en México, que se traducen en factores de expulsión de personas hacia Estados Unidos en busca de mejores opciones de vida y desarrollo.
La iniciativa, suscrita también por la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (MC), destaca la importancia del trabajo de los migrantes en la economía nacional, pues en 2017 sus remesas ascendieron a 28 mil 630 millones de dólares, equivalentes al 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
De acuerdo con datos del Anuario de Migración y Remesas México 2017, en 2015 radicaban en el país vecino del norte 12.2 millones de connacionales. De los migrantes mexicanos, refiere, sólo 14.5 por ciento son naturalizados, dejando al 85.5 por ciento en calidad de indocumentados.
La propuesta del diputado Tamez Guajardo precisa que la política de expulsión de migrantes y el sentimiento antiinmigrante de Estados Unidos han incrementado el regreso de connacionales que, entre 2010 y 2015, alcanzó la cifra de 495 mil 434 personas, correspondiendo al 89.3 de la población que retornó al país. El resto regresó de Canadá, España, Francia y Alemania.
Refiere que 45 por ciento de migrantes menores de 25 años no asiste a la escuela; 61 por ciento cuenta con vivienda propia y, de éstos, sólo 62.4 por ciento tiene las escrituras. Del total de repatriados mayores a 12 años, 61 por ciento trabaja o se encuentra ocupado, y las principales actividades son agricultura, construcción, comercio y manufactura.
Muchos, indica, tienen problemas para reintegrarse a sus comunidades, carecen de identificación personal, perdieron su patrimonio o no está regularizado, no encuentran empleo, padecen trabas administrativas para iniciar negocios o han perdido toda conexión o arraigo con el país.
Los que vuelven a sus lugares de origen, también se concentran en Jalisco, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chihuahua y Ciudad de México.
En su iniciativa, propone agregar el numeral XXVI al artículo 3 para definir “repatriado” como la persona migrante con nacionalidad mexicana que regresa de manera voluntaria o por deportación a radicar en territorio nacional.
Además, agrega el numeral VIII al artículo 18 para que sea facultad de la Secretaría de Gobernación (Segob) establecer políticas, mecanismos, programas e instrumentos de apoyo y atención a los repatriados nacionales.
Sugiere adicionar el numeral X al artículo 20 para estipular como, atribución del Instituto Nacional de Migración, apoyar y atender a repatriados para su reincorporación a sus comunidades o a los espacios de desarrollo que así consideren, a través de programas, instrumentos y refugios temporales.
Asimismo, se adiciona el Capítulo III “De los mexicanos repatriados” al Título Cuarto. En el artículo 66 establece que la Segob reconocerá a los migrantes mexicanos repatriados desde su ingreso al país, que así lo soliciten, y expedirá cédulas de identidad provisional con duración de seis meses para que regularicen su situación documental y administrativa de identidad.
Además, brindará las facilidades para su retorno y reinserción a sus comunidades de origen o destino. Plantea que quienes hayan perdido su vínculo comunitario, familiar o de arraigo, podrán acceder a refugios temporales o casas de migrantes por el tiempo necesario para su reintegración a la comunidad que decidan.
La dependencia federal financiará refugios temporales y/o casas de migrantes de manera directa o a través de organizaciones de la sociedad civil, para lo cual podrá emitir convenios, acuerdos o reglas de operación.
Con la reforma propuesta los repatriados podrán validar los estudios realizados en el país del cual provienen y retomarlos en el último nivel escolar registrado; para ello, las autoridades educativas y la Segob establecerán los mecanismos pertinentes.
Se les otorgaría, asimismo, acceso irrestricto a servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta por un año, a partir de su ingreso al país, o hasta que sea derechohabiente.
Sugiere que las autoridades del Registro Civil faciliten la obtención de actas de nacimiento y la actualización de archivos para regularizar la identidad personal.
También propone que accedan a programas de promoción de empleo y autoempleo que brinden las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Economía y de Desarrollo Social. En caso de ser migrante residente en refugio temporal o casa de migrante, Gobernación fungirá como garante solidario sobre el requisito de domicilio.
Plantea que esa secretaría reconozca la labor de las asociaciones de la sociedad civil en materia de atención y solidaridad con los repatriados, y establezca con ellas la agenda de trabajo que garantice la reinserción de estas personas a la sociedad mexicana y el respeto a sus derechos humanos.
