La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena), aprobó un dictamen que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que la Sección Instructora, en la Cámara de Diputados, la conformen cinco integrantes.
La reforma al artículo 11 de dicha norma busca ampliar el número de integrantes de esta sección, así como la de Enjuiciamiento en el Senado de la República, en lugar de contar con cuatro como actualmente lo establece.
El documento, avalado en reunión ordinaria, recuerda que en el pasado reciente, se formó una polémica derivada de la falta de resolución que tuvo la Sección Instructora al abordar casos específicos.
Subraya que el problema de los procedimientos de responsabilidad administrativa y política en la Cámara de Diputados, dependen tanto del tamiz primario que representa la Subcomisión de Examen Previo, como de que la Sección Instructora tenga una conformación que le permita alcanzar una mayoría en la toma de una decisión.
El dictamen refiere que la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos señala que la Sección Instructora debe practicar las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado en el juicio político.
Además, debe realizar las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita en el caso de la declaración de procedencia y -concluida esta averiguación-, dictaminar si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.
En ambos casos, añade, la Sección Instructora procede después de que las acusaciones pasan por un primer filtro: el de la Subcomisión de Examen Previo que es la que establece los antecedentes de la acusación para determinar si el caso amerita la investigación e instrucción.
Resalta que entre 2003 y 2017 en la Cámara de Diputados se acumularon 356 denuncias de juicio político. La Subcomisión de Examen Previo en marzo pasado, resolvió desechar por prescripción 109 de solicitudes de juicio político.
La comisión también aprobó un punto de acuerdo para exhortar al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, a publicar el avance de las investigaciones en relación con las diversas denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública y diputados, derivadas de auditorías forenses practicadas a distintas dependencias federales, universidades públicas y el Programa Opciones Productivas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social mencionadas en la investigación periodística “La Estafa Maestra”.
Asimismo, solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública difundir las acciones realizadas mediante los Órganos Internos de Control, respecto de observaciones, recomendaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa, que hizo la ASF derivadas de diversas auditorías en las cuentas públicas 2013 y 2014, en las que se sustentó la investigación “La Estafa Maestra”.
El documento refiere que dicha investigación fue realizada por las asociaciones civiles, a raíz de las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2013 de la ASF sobre posibles hechos de corrupción entre diversas dependencias de gobierno, universidades y 186 empresas que suman los 7 mil 670 millones de pesos, denominándola la “La Estafa maestra”.
Dicha investigación, indica, relata el uso de universidades públicas para destinar recursos a empresas fantasma para realizar los servicios contratados, haciendo notar la triangulación de los recursos por diversas irregularidades encontradas; la subcontratación por la totalidad del proyecto o servicio, y el incumplimiento de los requisitos que marca la Ley para la contratación de adquisiciones, obra y/o servicios.
La comisión resaltó que la información con que se cuenta para dar claridad a lo detectado en las investigaciones realizadas por la Sociedad Civil y las acciones de la ASF es poca; las acciones implementadas por la ASF derivadas de las Cuentas Públicas referidas no han sido solventadas en su totalidad.
Además, no existen funcionarios públicos sancionados y se desconoce el estatus que guarda cada una de las dependencias participantes en el desvío de recursos. De acuerdo con la SFP, son más de 40 los funcionarios que están siendo investigados y, según el titular de la ASF, la PGR presenta un rezago de 96 por ciento en averiguaciones por desvío de recursos.
