Estados Unidos.- El informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado preocupantes deficiencias en el sistema de justicia penal en México durante el año 2023. El documento destaca que una de las principales fallas es la falta de investigación y enjuiciamiento en casos de delitos graves, como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, lo que ha perpetuado elevados niveles de violencia y explotación en el país.
El informe señala que la inacción por parte de las autoridades mexicanas es un factor clave para la persistencia del crimen organizado y la corrupción. Asimismo, se identifican casos de connivencia entre organizaciones dedicadas al tráfico de personas y autoridades locales. Este fenómeno ha contribuido a la creciente persecución de migrantes y solicitantes de asilo, tanto por parte de grupos delictivos como de agentes estatales.
Restricciones a la Libertad de Expresión
El informe también llama la atención sobre restricciones a la libertad de expresión en México. Señala el descrédito y la deslegitimación oficial hacia periodistas por parte de políticos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este tipo de acciones ha conducido a una atmósfera de presión y autocensura para muchos profesionales de la prensa.
El documento recoge denuncias de abusos sexuales y físicos por parte de autoridades durante detenciones y encarcelamientos. Un caso notable es el del exdirector de la policía judicial de Puebla, Adolfo Karam, quien fue arrestado por torturar a la periodista Lydia Cacho, un suceso que ha sido ampliamente condenado por organizaciones de derechos humanos.
Acciones del Gobierno y Obstáculos para las ONG
Aunque se reconoce que el Gobierno mexicano ha iniciado medidas para identificar y castigar a los funcionarios responsables de abusos contra los derechos humanos, el informe también destaca que las ONG han denunciado ser objeto de descréditos por parte de autoridades locales. Este tipo de presiones puede entorpecer los esfuerzos de las organizaciones civiles para investigar y denunciar violaciones a los derechos humanos.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos deja claro que México enfrenta serios desafíos para mejorar su sistema de justicia y proteger los derechos humanos. Las conclusiones del documento subrayan la necesidad de reforzar las investigaciones criminales, proteger la libertad de expresión y abordar la connivencia entre autoridades y organizaciones criminales para lograr un cambio significativo en el país.
