Estado de México.– En un caso que ha conmocionado a la opinión pública, Víctor Mauricio Becerra Casas ha sido condenado a 33 años de prisión por su participación en la explotación sexual de su propia hija, una adolescente de 17 años, durante el periodo de la pandemia de Covid-19.
La condena se dio después de que el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México presentara pruebas contundentes que demostraron que el acusado obligaba a su hija a mantener relaciones sexuales con otros individuos.
El juez que presidió el caso dictaminó una pena de 33 años y 9 meses de prisión para Víctor Mauricio Becerra Casas, quien fue declarado culpable del delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Además, se le impuso una multa de 2 millones 237 mil pesos como parte de la sentencia. Alejandro Ramón Ortiz, otro individuo involucrado en el caso, también fue condenado a 31 años y 6 meses de prisión y deberá pagar una multa de 1 millón 876 mil 290 pesos por su complicidad en la trata de personas.
El oscuro relato de abuso y explotación
La investigación de la Fiscalía del Estado de México reveló que los abusos comenzaron en febrero de 2019, cuando Víctor Mauricio Becerra Casas llevaba a su hija a un domicilio en Atizapán de Zaragoza, donde la obligaba a mantener relaciones sexuales con Alejandro Ramón Ortiz a cambio de dinero.
La joven era amenazada con violencia física por su propio padre si se negaba a cumplir las demandas de Ortiz. Estos horribles abusos continuaron durante más de tres años, hasta marzo de 2022, cuando finalmente se denunció el delito ante las autoridades.
Tras la denuncia, la Fiscalía del Estado de México realizó una labor de investigación exhaustiva, incluyendo trabajo de campo y recopilación de pruebas. Esto condujo a la emisión de órdenes de aprehensión contra los acusados.
Ambos individuos fueron detenidos en operativos separados por agentes de la Policía de Investigación y posteriormente fueron llevados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde se llevó a cabo el proceso legal que culminó en las sentencias de condena. Este caso resalta la importancia de la lucha contra la trata de personas y la necesidad de brindar protección a las víctimas de estos delitos atroces.
