– El delito se ha generalizado ya prácticamente en todo el territorio nacional
Los diputados locales solicitaron a través de Exhorto enviado al titular del Poder Ejecutivo, para que dada su pertenencia a la Conferencia Nacional de Gobernadores y al Sistema Nacional de Seguridad, exponga ante sus integrantes la problemática de robo de combustible, con el objeto de diseñar y aplicar nuevas estrategias y acciones para combatir el delito.
La iniciativa fue presentada a integrantes de la diputación permanente por parte de la Legisladora María Isela Torres Hernández, quien externó que cifras conservadoras han revelado que PEMEX en los recientes cuatro años ha perdido cerca de 100 mil millones de pesos debido al robo de combustible.
Continuó su exposición señalando que dicho delito antes se practicaba únicamente en algunos sitios del centro del país, y hoy en día se ha generalizado a prácticamente todo el territorio nacional.
“Distintas fuentes informativas nos alertan sobre el robo de combustible en el estado de Chihuahua, una entidad federativa que por su geografía y su posición fronteriza es particularmente vista para los delincuentes como un Estado “ad hoc” para este delito”, comentó la iniciadora.
Además señaló que esta práctica ilegal ha crecido de forma peligrosa y amenaza con convertirse en un problema de violencia grave debido a los enfrentamientos entre bandas criminales que se dedican a ello, a quienes les resulta de alta rentabilidad económica.
Es debido a que se día a día aumentan las pérdidas, que el Gobierno del Estado, con la representación del Titular del Poder Ejecutivo, presente el asunto a las instancias nacionales de coordinación, como el caso de la Conferencia Nacional de Gobernadores instancia que tiene por objeto la coordinación de acciones distintas para proponer y poner en práctica experiencias exitosas para afrontar los problemas de cada estado y región.
Así mismo, al Sistema Nacional de Seguridad Pública órgano que sienta las bases de coordinación y distribución de competencias, en materia de seguridad pública, entre la Federación, los Estados y los Municipios, bajo la directriz del Consejo Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación.
