CIUDAD DE MÉXICO.— Un académico español ha señalado la posible conexión entre la red de corrupción investigada en el llamado “Caso Koldo” en España y la adjudicación de contratos públicos en México, incluyendo algunos relacionados con el Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Durante una entrevista en Aristegui en Vivo, José Francisco Parra, director ejecutivo del Instituto Universitario Ortega y Gasset y experto en ciencia política, explicó cómo empresarios y figuras políticas vinculadas al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) habrían influido en procesos de licitación en territorio mexicano a través de relaciones con políticos y operadores locales.
¿Qué es el ‘Caso Koldo’?
El caso gira en torno a Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Fomento, José Luis Ábalos Meco, ambos relacionados con Santos Cerdán León, actual secretario de organización del PSOE, quien enfrenta prisión preventiva en España bajo acusaciones de organización criminal y cohecho.
Parra detalló que esta red empezó a ser investigada tras una denuncia del Partido Popular sobre la venta de cubrebocas con sobreprecios durante la pandemia. A partir de esta pesquisa, se intervinieron dispositivos electrónicos de los involucrados y salieron a la luz evidencias de supuestos pagos ilícitos (“mordidas”) a cambio de contratos públicos, algunos incluso fuera del territorio español.
“Es a partir de la información que recaba la policía con la intervención de computadoras y celulares que aparece en escena Santos Cerdán”, dijo Parra, señalando que la investigación se ha ampliado por la sospecha de que los fondos obtenidos ilegalmente pudieron usarse en campañas políticas.
El escándalo ha provocado exigencias públicas en España para que el presidente Pedro Sánchez y su partido asuman responsabilidades políticas y éticas, aunque no existen pruebas que lo involucren directamente.
Posible conexión con proyectos en México
Según Parra, las investigaciones en curso sugieren que esta red de corrupción buscó extender su operación a México, favoreciendo a empresas españolas como Acciona e Ineco. Entre los proyectos mencionados destaca un tramo del Tren Maya que inicialmente fue adjudicado a Acciona, aunque después el contrato fue revocado por el presidente López Obrador y reasignado a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Parra también se refirió a otros contratos adjudicados a firmas españolas:
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Una empresa mexicana recién creada en alianza con la española AECDI habría recibido un contrato superior a 10 mil millones de pesos.
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La empresa pública española Ineco obtuvo un contrato por 13 millones de euros para estudios de viabilidad.
“Esos tres contratos fueron gestionados, promovidos, en un viaje que hizo Koldo junto con el ministro Ábalos a México”, afirmó Parra. Además, señaló como presuntos enlaces en México a Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca y hoy senador, y Pedro Haces, líder sindical cercano a Morena.
El empresario Víctor de Aldama, de nacionalidad española, habría sido clave como intermediario. Fue promovido como embajador cultural de Oaxaca durante el gobierno de Murat, lo cual reforzaría su cercanía con actores políticos relevantes.
Reacción oficial y cautela en México
Hasta ahora, no existen pruebas concluyentes de que estas operaciones hayan violado la ley en México. Sin embargo, la Presidencia de la República anunció que la titular de la Secretaría de la Función Pública, Raquel Buenrostro, fue instruida para revisar los contratos y esclarecer cualquier posible irregularidad.
“Los medios de comunicación han hecho eco del caso del Tren Maya, pero hay que ser muy cuidadosos porque hay un secreto de sumario, una investigación judicial en curso”, advirtió Parra, llamando a no adelantar juicios sin pruebas firmes.
Aunque la mayoría de la atención se ha centrado en el Tren Maya, el académico no descartó que otros proyectos, como la Refinería de Dos Bocas, pudieran verse implicados si surgen nuevas revelaciones.
Por ahora, las autoridades mexicanas y españolas continúan con sus respectivas investigaciones, mientras analistas señalan que este tipo de escándalos podría afectar la credibilidad de los gobiernos involucrados y abrir espacio a fuerzas políticas que se presentan como alternativas al sistema.
Con información de Aristegui Noticias
