ESTADOS UNIDOS.– Una niña mexicana de apenas cuatro años, identificada como Sofía, podrá continuar su tratamiento médico en Estados Unidos luego de que el gobierno del presidente Donald Trump le concediera un permiso humanitario, revirtiendo así una decisión previa que ponía en riesgo su vida.
Sofía padece síndrome del intestino corto, una enfermedad rara que impide a su cuerpo absorber adecuadamente los nutrientes, lo que la obliga a recibir atención médica especializada que, según sus abogados, no puede obtener en México.
La menor ingresó a territorio estadounidense en julio de 2023 junto con su familia, amparada por una autorización de ingreso humanitario. Desde entonces, ha sido tratada en el Hospital Infantil de Los Ángeles, una de las pocas instituciones en el país con la capacidad para atender esta condición en niños pequeños.
Sin embargo, en abril de este año, el Departamento de Seguridad Nacional notificó a la familia que el permiso sería revocado y que debían abandonar Estados Unidos. Además, la madre de la menor, Deysi Vargas, fue informada de la cancelación de su permiso de trabajo, lo que dejó a la familia sin ingresos y sin medios para cubrir los traslados y gastos médicos desde su residencia en Bakersfield hasta el hospital en Los Ángeles.
Ante esta situación, la organización Public Counsel impulsó una campaña legal y mediática para frenar la expulsión. La presión creció cuando un grupo de aproximadamente 40 legisladores demócratas, entre ellos los senadores californianos Alex Padilla y Adam Schiff, exigieron al gobierno una excepción humanitaria.
La abogada Rebecca Brown, de Public Counsel, confirmó a Los Angeles Times que finalmente el permiso fue restituido. “Sin embargo, muchas familias aún enfrentan perjuicios debido a la amplia política de eliminación de la libertad condicional humanitaria. Pedimos al gobierno que garantice que nadie corra peligro”, declaró.
El equipo médico que atiende a Sofía advirtió que sin el tratamiento adecuado la niña no sobreviviría más que unos pocos días, lo que convirtió el caso en una cuestión de vida o muerte.
Con esta decisión, la menor podrá seguir recibiendo la atención médica necesaria mientras su situación migratoria se resuelve. Organizaciones defensoras de derechos humanos reiteraron su llamado a revisar las políticas migratorias que afectan a personas en situaciones críticas de salud.
