- ICE proyecta duplicar su capacidad de detención migratoria mientras su director compara deportaciones con envíos de Amazon
Washington, D.C. — El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) planea una expansión significativa en su red de centros de detención migratoria, con el objetivo de aumentar su capacidad nacional de 41,000 a casi 100,000 camas. La medida, que involucra contratos con empresas privadas por hasta 45 mil millones de dólares, ha generado críticas por la lógica empresarial que, según algunas voces, reduce a los migrantes a meros objetos de logística.
En una reciente conferencia, el director interino del ICE, Todd Lyons, expresó el deseo de que la agencia alcance niveles de eficiencia similares a los de grandes compañías del sector comercial. “Amazon puede entregar un paquete en 24 horas en cualquier parte del país. Así que encontrar la forma de hacer eso con seres humanos y tratar de llevarlos a prácticamente todo el mundo es algo que realmente quisiéramos”, afirmó.
La comparación entre migrantes y paquetes ha sido vista con preocupación por organizaciones defensoras de derechos humanos, que consideran que este enfoque refuerza una visión despersonalizada del proceso migratorio.
Mientras tanto, las licitaciones avanzan. Empresas como Deployed Resources LLC, The Geo Group Inc. y CoreCivic Inc. han obtenido contratos para operar nuevos centros en Texas, Nueva Jersey y Michigan. Estas compañías, especializadas en servicios penitenciarios, han registrado fuertes alzas en el valor de sus acciones desde las elecciones de 2024.
Luisiana ha emergido como uno de los estados clave en esta expansión, a pesar de no ser frontera con México. Factores como los bajos costos laborales, la disponibilidad de cárceles vacías y el respaldo político han hecho que la región concentre numerosos centros de detención. En muchos casos, se trata de zonas rurales donde las prisiones representan una fuente relevante de empleo.
Sin embargo, expertos señalan que ubicar los centros en lugares alejados de grandes ciudades limita el acceso de los migrantes a representación legal y dificulta la supervisión externa. “Estos lugares hacen más difícil protestar, organizarse y acceder a representación legal”, explicó Homero Lopez, abogado de Immigration Services and Legal Advocacy, quien además calificó las audiencias virtuales como “deshumanizantes”.
Carly Pérez Fernández, portavoz de Detention Watch Network, también cuestionó la estrategia: “La detención realmente juega un papel crucial en facilitar la cruela agenda de deportación masiva de Trump”.
Uno de los casos más emblemáticos es el centro de detención en Jena, Luisiana, operado por The Geo Group. Ubicado en una comunidad de apenas 4,200 habitantes, a más de 350 kilómetros de Nueva Orleans, su localización plantea desafíos logísticos para los familiares y defensores legales de los migrantes.
Aunque la ampliación aún depende de la asignación completa de recursos, la Cámara de Representantes ya aprobó una propuesta de gasto que incluye 175 mil millones de dólares para reforzar la política migratoria, lo que representa más de 20 veces el presupuesto anual actual del ICE.
Mientras se consolida esta red de detención, continúa el debate sobre las implicaciones éticas de tratar el proceso migratorio con criterios de eficiencia propios del sector privado. Para algunos, la comparación con Amazon no solo es desafortunada, sino reveladora del enfoque que está moldeando la política migratoria de Estados Unidos.
Con información de El Imparcial
