Ciudad de México.— El cantante Gerardo Ortiz se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración por realizar transacciones con un individuo sancionado por vínculos con el narcotráfico. Su confesión se dio en el marco del juicio contra Ángel Del Villar, fundador de Del Records, quien enfrenta cargos por violar la Ley Kingpin, una norma que prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses hacer negocios con personas designadas como cabecillas del narcotráfico.
Los señalamientos contra Ortiz
La Fiscalía de EE.UU. sostiene que Ortiz fue advertido por el FBI en 2018 sobre la inclusión del promotor Jesús ‘Chucho’ Pérez Alvea en la lista de personas sancionadas bajo la Ley Kingpin. A pesar de ello, continuó ofreciendo presentaciones organizadas por Pérez, quien es señalado por presuntamente lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El fiscal federal adjunto Alexander Schwab explicó que el cantante testificará en el juicio contra Del Villar y revelará detalles sobre cómo fue convencido para seguir trabajando con Pérez. “Ortiz les contará sobre su experiencia al reunirse con el FBI, donde le dijeron que ya no podía actuar en los conciertos que Jesús promocionaba. Les dirá que fue Del Villar quien le ordenó ignorar la carta y continuar actuando en esos conciertos”, indicó Schwab.
Conciertos y operaciones financieras bajo la lupa
De acuerdo con documentos judiciales, Ortiz realizó al menos 19 conciertos entre 2018 y 2019 con el promotor sancionado. Entre las pruebas presentadas se encuentra el uso de una tarjeta de crédito de Del Villar para costear un vuelo privado que trasladó a un músico desde California hasta un evento en Aguascalientes.
Además, se identificó que el mismo artista participó en presentaciones en Baja California, Guanajuato y Chiapas, todas organizadas por Pérez. La Fiscalía alega que estos eventos se llevaron a cabo con el conocimiento y la aprobación de Del Villar, Luca Scalisi (director financiero de Del Entertainment) y el propio Pérez.
Implicaciones legales y consecuencias
El caso ha puesto en evidencia la conexión entre la industria musical y las operaciones financieras de grupos delictivos. La declaración de Ortiz podría fortalecer la acusación contra Del Villar y su equipo, quienes fueron detenidos en junio de 2022.
La Ley Kingpin, bajo la cual se les procesa, impone severas sanciones penales y económicas a quienes realicen transacciones con personas o entidades ligadas al narcotráfico. De ser hallados culpables, los involucrados podrían enfrentar condenas de prisión y multas millonarias.
Este proceso judicial marcará un precedente en la industria musical y en la aplicación de leyes contra el financiamiento indirecto del crimen organizado.
