- Gobierno de México entregó recientemente a 29 narcotraficantes a EE.UU. bajo argumentos de seguridad nacional
Ciudad de México.- El gobierno de México autorizó la entrega de 29 personas acusadas de narcotráfico a Estados Unidos, argumentando que su permanencia en el país representaba un riesgo para la seguridad nacional. La decisión, tomada por el gabinete de Seguridad, se fundamentó en la posibilidad de que algunos de los involucrados fueran liberados debido a resoluciones judiciales favorables.
“El gabinete de Seguridad cuenta con información de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o se siguieran atrasando sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos”, explicó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa.
Diferencias en la interpretación legal de la entrega
A pesar de que en términos generales la medida ha sido catalogada como una extradición, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, precisó que no se trató de un proceso de extradición tradicional, sino de una acción basada en el artículo 5° de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución.
De acuerdo con Gertz Manero, la legislación mexicana permite la entrega de individuos cuando sus actividades representan una amenaza para la estabilidad del país. Entre las acciones consideradas de riesgo se incluyen aquellas que obstaculizan el combate a la delincuencia organizada y afectan la infraestructura estratégica del Estado.
Postura del Ejecutivo ante la decisión
La presidenta Claudia Sheinbaum no se refirió directamente al tema de la entrega de los narcotraficantes, pero sí emitió declaraciones sobre el sistema judicial del país. “La corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva. Qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz”, afirmó.
Asimismo, el gobierno descartó que la mandataria haya ordenado la entrega de los detenidos y aseguró que la decisión fue tomada de manera colegiada por el gabinete de Seguridad, integrado por la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.
La medida ha generado debate sobre el papel de México en la lucha contra el narcotráfico y la relación con Estados Unidos en materia de seguridad, así como sobre la independencia del Poder Judicial y su papel en los procesos penales de alto impacto.
Con información de El Financiero
