La justicia toca la puerta… pero solo de algunos
Parece que el exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, tendrá que buscar un buen discurso para explicar las presuntas irregularidades de su paso por el ISSSTE. Y es que, de la nada, le han sacado una denuncia que lo pone en la mira de la opinión pública.
Pero tranquilos, que no está solo en este embrollo. La querella, interpuesta por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, también se dirige contra José Narro, exrector de la UNAM, y Mikel Arriola, extitular del IMSS. Porque si van a caer, que sea en compañía.
Curioso que, hasta ahora, Reyes Baeza había pasado desapercibido en la tormenta de acusaciones que han caído sobre exfuncionarios. Pero el expediente no lo persigue por su gestión como gobernador de Chihuahua, sino por sus días en el ISSSTE, entre 2015 y 2018. Una etapa que, al parecer, merece revisión con lupa. ¿Justicia o ajuste de cuentas político? Lo cierto es que las fiscalías siempre parecen activarse según el calendario y las necesidades del poder en turno.
Aldama: entre el fuego y la retórica política
Mientras tanto, en Aldama, Chihuahua, la realidad impone su propia agenda. La noche del martes y la madrugada del miércoles, el municipio vivió un episodio que parece sacado de una serie de narcos en horario estelar: disparos, incendios, y un hombre ejecutado en el interior de un domicilio, con heridas de bala en la cabeza y el pecho. Afuera, un Peugeot en llamas y, en otra calle, una Jeep Liberty perforada por los proyectiles.
Pero si el caos no fuera suficiente, llega la clase política a “interpretar” los hechos. El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, ha elevado el tono, denunciando “actos de terrorismo” y exigiendo que los cárteles sean declarados como organizaciones terroristas. Porque, claro, una declaración oficial seguro hará temblar a los grupos criminales, quienes seguramente están esperando un decreto legislativo para replantear su estrategia.
El estado lo que necesita es acción contra estos criminales, no solo un discurso que se desvanece en una charla unilateral donde el Gobierno del Estado presume delincuencia y actos violentos a la baja, pero los hechos dictan una historia completamente diferente.
Mientras los discursos se llenan de indignación y exigencias de “acciones contundentes”, los habitantes de Aldama (y de muchas otras zonas del país) siguen atrapados en la violencia cotidiana. El gobierno promete soluciones, la oposición exige respuestas, pero al final, el ciclo se repite. Y entre denuncias políticas y enfrentamientos armados, la realidad es que los ciudadanos son los únicos que no pueden escapar del fuego cruzado.
