
Morelia, Michoacán.– El juez federal Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito con sede en Morelia, rechazó una solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) para revocar las medidas cautelares que bloquean la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF), programada para 2025.
La petición fue realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva del INE en Michoacán, en representación del Consejo General del instituto, como parte del juicio de amparo promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUDEF) contra la reforma judicial.
En su resolución, el juez señaló que las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tienen efectos vinculantes en materia de amparo. “No hay lugar a modificar o revocar las suspensiones definitivas decretadas”, declaró.
Asimismo, destacó que los pronunciamientos del TEPJF en el expediente SUP-AG-632/2024 y sus acumulados no deben considerarse de observancia obligatoria para este tipo de procesos, al no poseer fuerza jurídica equivalente a una sentencia en materia de amparo.
Multa al INE
Como parte de la resolución, el juez ratificó una multa de 107,570 pesos impuesta el 20 de diciembre a los once consejeros del INE por no cumplir las suspensiones decretadas. La sanción es efectiva de inmediato y responde a la negativa del instituto de acatar las medidas judiciales.
Esperando pronunciamiento de la SCJN
El juez Santamaría Chamú enfatizó que mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelva sobre la validez y alcance de las resoluciones del TEPJF en relación con la elección del PJF, las medidas cautelares dictadas deben ser respetadas por las autoridades involucradas.
“La validez de estas determinaciones depende de su observancia, sin excusas ni pretextos”, subrayó en su fallo.
Esta decisión reafirma la autonomía del Poder Judicial en la interpretación de medidas cautelares y deja en espera la intervención de la SCJN para resolver el conflicto entre los órganos implicados.