Ciudad de México.– Una protesta pacífica frente al Autódromo Hermanos Rodríguez, en la que participaba la jueza Marlen Ángeles, se convirtió en el centro de una polémica el pasado domingo tras el despliegue de numerosos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Ángeles, quien fue rodeada por agentes de seguridad mientras expresaba sus inconformidades, cuestionó la concentración de fuerzas policiales en eventos como el Gran Premio y sugirió que estos operativos serían más útiles en zonas conflictivas como Culiacán, donde la violencia ha mantenido a los ciudadanos en constante temor.
En conferencia de prensa, Ángeles lamentó el cerco de agentes de seguridad alrededor de ella y de otros manifestantes, aludiendo al contraste entre esta demostración de fuerza en la capital y la falta de seguridad que enfrentan ciudadanos en zonas de alta criminalidad. “Este despliegue de agentes no es lo que necesitamos en una manifestación pacífica, sino en sitios donde la seguridad es verdaderamente un problema”, declaró la jueza.
La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, expresó su apoyo hacia los manifestantes encapsulados y lanzó una advertencia sobre el uso excesivo de la fuerza pública, calificando estas prácticas como peligrosamente cercanas al autoritarismo. “Cuando se trata así a quienes defienden la Constitución y los derechos ciudadanos, cruzamos una línea tenue que puede llevarnos del desacuerdo a la intolerancia y, peor aún, al autoritarismo”, señaló Piña, quien además recordó las múltiples modificaciones que ha sufrido la Constitución Mexicana, lo cual, según estudios académicos, pone en riesgo su estabilidad y legitimidad.
El hecho ha avivado un debate sobre el papel de las fuerzas de seguridad en situaciones de protesta y la necesidad de una revisión de las prioridades de seguridad pública. Con 800 reformas a la Constitución en los últimos años, el cuestionamiento sobre los límites de la flexibilidad constitucional y el respeto a los derechos ciudadanos está nuevamente sobre la mesa.