Ciudad de México.- El pasado martes, un grupo de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió unirse al paro convocado por empleados del Poder Judicial, suspendiendo así sus funciones en protesta por la reciente aprobación de la reforma judicial. No obstante, tres ministras de la SCJN, Loreta Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, optaron por no participar en la suspensión de labores y, en cambio, continuaron con sus actividades a distancia, invocando el derecho constitucional de los mexicanos al acceso a la justicia.
En un comunicado publicado poco después del anuncio del paro, las ministras explicaron su decisión de seguir trabajando y señalaron que aquellos ministros que optaron por la suspensión de actividades podrían enfrentar serias consecuencias legales. Citando el artículo 109 de la Constitución mexicana, las juristas señalaron que la falta de desempeño de sus funciones puede constituir un motivo para un juicio político.
El documento también menciona que los ministros que no han solicitado la suspensión de su salario durante el periodo de paro podrían ser acusados de remuneración ilícita, según lo estipulado en el artículo 217 ter del Código Penal Federal. Este artículo define como corrupción la aceptación de pagos por servicios no prestados y estipula que cualquier servidor público que apruebe o firme una nómina o comprobante de pago bajo estas circunstancias podría ser sancionado.
Las posibles penalizaciones para los ministros que participaron en el paro podrían variar desde una multa económica, calculada entre 30 y 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), hasta penas de prisión de tres meses a dos años, dependiendo de la gravedad del caso.
En el contexto de un Poder Judicial que ya enfrenta críticas y tensiones derivadas de reformas recientes, las diferencias de opinión entre los miembros de la SCJN sobre cómo proceder durante esta coyuntura reflejan las divisiones internas y los desafíos legales que podrían afectar a uno de los pilares más importantes de la democracia mexicana.
Las próximas semanas serán clave para determinar si estas advertencias legales derivarán en acciones concretas contra los ministros que optaron por unirse al paro, y si ello tendrá un impacto en la dinámica interna de la SCJN y en la percepción pública de la independencia judicial en México.
