Terminó el 2022 y el Congreso de la Unión aprobó, en la medida de lo posible, la agenda legislativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, el sexenio aún no termina y el 2023 deberá de arrancar con los pendientes legislativos que aún no se ratifican.
Lo primero que debe de confirmarse es la iniciativa de Reforma Electoral promovida por el presidente de México, misma que fue aprobada en la Cámara de Diputados, modificada en el Senado de la República, regresada a San Lázaro y modificada ahí mismo el último día del periodo, por lo que al iniciar el próximo periodo de sesiones, en febrero de 2023, el Senado deberá de votar dicha iniciativa.
En este caso se aclara que, como se necesita mayoría simple, es casi seguro que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de AMLO, aprobará la reforma para que el sistema político-electoral en México sea modificado para las elecciones federales de 2024.
Después de esto, el poder legislativo se deberá de enfocar en los pendientes que están en la “congeladora” de ambas cámaras, donde aún no se tiene la certidumbre de lo que será primordial para las diferentes bancadas parlamentarias; sin embargo, Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, ya ofreció la primer pista de qué es lo que se priorizará.
A través de un comunicado oficial, el presidente del Senado refirió que buscarán celeridad en materia de seguridad, soberanía y protección a las mujeres, motivo por el cual se espera que se retomen los temas que aún no han quedado aprobados en el Pleno de las Cámaras. Esto quiere decir que se buscarán las iniciativas estancadas en comisiones y/o en proceso de dictaminación.
Por ejemplo, en materia de protección a la mujer, existen dos iniciativas que pretenden tipificar la violencia vicaria dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGEMVLV). Una de ellas es de Taygete Irisay Rodríguez, diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), que pretende modificar el Artículo 6 de dicha Ley.
A través de un comunicado oficial, la Cámara de Diputados informó que la legislación busca identificar a este ilícito como la violencia ejercida “sobre las hijas o los hijos de la víctima, personas que hayan tenido una relación familiar o afectiva con ella, o contra cosas o personas que tengan un significado especial para ella, con la intención de causar daño a la mujer”.
En este sentido, se destaca que la LGEMVLV reconoce, en su Artículo 6, cinco tipos diferentes de violencia contra las mujeres: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Además, en el apartado VI, tipifica “cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”.
Por su cuenta, Nayeli Fernández, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso incluir la violencia vicaria en la LGAMVLV, sólo que ella propuso crear un artículo 7 Bis, pues en el artículo 7, suscrito al Capítulo II Modalidades de violencia, se especifica que la violencia familiar es “el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar”.
En cuanto a legislación de soberanía, ni el ejecutivo ni el legislativo han anunciado alguna iniciativa que aluda a este tema; sin embargo, se destaca que en el periodo de sesiones que acaba de terminar se aprobó la Reforma Minera, esto para proteger los yacimientos de litio que hay en el norte de México de la explotación extranjera, de tal forma que este preciado mineral será de usufructo exclusivo del Estado mexicano, y, aunque la oposición criticó al gobierno de AMLO, dicha modificación ya se promulgó.
Con información de Infobae
