- Cerca de 100,000 viviendas enfrentan juicios masivos, sin que sus propietarios conozcan de esta situación
La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados presentará el próximo 12 de septiembre una iniciativa para que los juicios hipotecarios de organismos como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de Vivienda del Issste (Fovisste) e incluso en querellas judiciales entre empresas y compradores de vivienda, se resuelvan como juicios civiles hipotecarios y no como administrativos.
En entrevista, Lilia Aguilar Gil, presidente la Comisión de Vivienda que promueve la iniciativa, explicó que, al clasificarse como juicios civiles, los dueños de las viviendas tendrán la oportunidad de contar con mejores alternativas de defensa para su patrimonio.
“La petición es que se genere un juicio civil hipotecario, que está mencionado en el Código de Procedimientos Civiles, pero no está desarrollado (…) con el fin de asegurar la participación de la legítima defensa, que la gente tenga derecho a defenderse y que se le tenga que informar de manera directa y personal, no a través de edictos, y que los juicios se tengan que dar en los distritos judiciales que corresponden a dónde está la vivienda”, detalló la diputada.
Además, con la reforma, también se busca beneficiar a los compradores afectados por problemas financieros de las empresas constructoras, tal y como ocurre en Chihuahua con personas que no pueden liberar las escrituras de las casas compradas a Urbi, pues la firma enfrenta problemas financieros.
“Urbi construyó miles de casas, se les otorgaron créditos (a los compradores) de manera privada, a través de bancos o del Infonavit o del Fovissste (…) se queda la empresa en quiebra y se empieza a vender la cartera y resulta que está en manos de fondos de inversión y la gente no sabe ni siquiera cómo poder escriturar su casa ya que terminó de pagar”, detalló Aguilar Gil.
La diputada adelantó que la medida es apoyada por representantes de los organismos de vivienda, del sector financiero, así como por miembros del sector privado, y tras ser presentada este lunes, deberá ser aprobada por el pleno, al cual se le presentará la reforma en octubre, para votarse máximo en noviembre, y así lograr ajustar la Ley de Vivienda y códigos civiles, así como los reglamentos de los organismos.
Según cifras obtenidas por la Comisión de Vivienda que encabeza la diputada, cerca de 100,000 viviendas aún enfrentan juicios masivos en los que los derechohabientes podrían perder su patrimonio, al ni siquiera conocer que enfrentan un proceso judicial.
El origen del caos
La congresista recordó que, en administraciones pasadas del Infonavit, se hizo una reforma para que el organismo asignara a un tercero (despacho de cobranza) el manejo de la deuda y juicios por la vivienda.
Sin embargo, esta medida resultó perjudicial para los derechohabientes, que, al no tener un juicio civil hipotecario, quedaban prácticamente indefensos por ni siquiera ser informados de que enfrentaban un proceso judicial por sus viviendas.
“Sobre todo en el gobierno de (Enrique) Peña sucedía que el Infonavit podía despojar a la gente de su vivienda, determinando si había sido el impago mucho, poco o insuficiente, entonces hicimos una reforma para quitarle esa atribución al Infonavit.
“Pero esto salió completamente contraproducente, porque en aquel entonces (David) Penchyna–ex director general del Infonavit– hizo un acuerdo con jueces específicamente de Coahuila y Nayarit, y algunos del Estado de México, donde les pasaba en bloque los juicios”.
Bajo este esquema, acusó la diputada, la colusión con ciertos jueces permitió que las viviendas fueran recuperadas por el impago de los acreditados y entregadas nuevamente a desarrolladores para ser nuevamente comercializadas.
La diputada Lilia Aguilar recordó que si bien, desde el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se instruyó al Infonavit a recuperar las viviendas detectadas bajo este esquema, no se hicieron adecuaciones sobre los procesos judiciales, por lo que se busca evitar que estas medidas se repitan.
Con información de El Economista
