Ayer le comentábamos en este espacio, sobre la cloaca que destapó un ex siervo de la nación, quien dice tener en su poder, las pruebas del supuesto robo millonario que hacen los súbditos de Juan Carlos Loera, quienes les han robado a los abuelitos, por lo menos 30 millones de pesos de las becas de AMLO.
Pues actualizando el escándalo, una fuente totalmente confiable, adelantó que la primera bofetada jurídica le llegará al cómodamente afamado Gabino Gómez, pues no sólo es uno de los principales orquestadores de este supuesto robo millonario en despoblado, sino que, de los millones robados, dice que uno era para comprar voluntades al interior de Morena, mientras que el otro se iba directito a su bolsa.
De esta manera Gabino Gómez se habría enriquecido, y a su vez, quedado bien con su amo Juan Carlos Loera, «comprando» voluntades para colocar a Brighite en la dirigencia estatal del partido guinda, asimismo, comprar silencios y otro poco de cosas muy reprobables…
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Hablando de manejos turbios de los dineros públicos, qué conveniente le resultó el Gobierno del Estado que comanda Maru Campos, que, por cuestiones de seguridad, se le vaya a permitir que se oculten los detalles de lo referente a la Plataforma Centinela, que incluye una mega torre que será edificada en Ciudad Juárez.
El jefe Jáuregui trató de minimizar el tema explicando que, si se transparenta la información, los criminales podrían sacar ventaja de eso, sin olvidar que es precisamente de la seguridad de lo que se está hablando, sin embargo, dijo que se le pediría a la SSPE que por lo menos revele algunos datos duros que no comprometan la seguridad.
Burdo fue la explicación de Gilberto Loya, quien aseguró que simple y sencillamente, por tratarse de seguridad, la ley les permite ocultar la información, por lo menos durante cinco años.
El problema es que no se les están pidiendo las contraseñas ni los accesos a las plataformas, mucho menos los códigos de encriptación ni la base de datos de los involucrados, únicamente se les está pidiendo que expliquen las licitaciones, pues no se habla de algunos centavos, sino de 4 mil millones de pesos emanados de las arcas públicas. Los mañosos se van a dar un festín…
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La Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno Federal, en coordinación con autoridades locales, convocaron al diálogo para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, y hasta anunciaron que se está promoviendo una reforma para crear la Ley General para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
En el discurso, por fin se pusieron de acuerdo Estado y Federación, y coincidieron en la necesidad de dicha reforma, pero acaso se preguntaron ¿qué pasaría si en lugar de crear una nueva Ley General, hacen valer la ya existente?
Los periodistas y los activistas, están deseosos de las autoridades se dejen de estupideces y demagogia, y que se pongan a trabajar, porque los mecanismos para proteger a esas personas, sí existen, pero son vilmente ignorados.
El caso de Miroslava en donde el propio gobernador Javier Corral estaba enterado de las amenazas, no ha sido el único, pues con frecuencia las amenazas vienen desde el mismo gobierno, lo que dificulta que se puedan poner en marcha esos mecanismos; en Chihuahua son los policías de los tres niveles de gobierno los primeros en pisotear el trabajo del periodista, y está más que claro, que las autoridades voltean para otro lado.
