El que se declarara el Tren Maya como obra de seguridad nacional no significa que los amparos interpuestos por organizaciones ambientalistas, previo a este anuncio, pierdan su efecto, advirtieron especialistas.
La organización Greenpeace México, Amnistía Internacional México (AI) y, un grupo de académicos, hicieron un llamado al gobierno federal para que respete la institucionalidad, legalidad y deje de violentar los derechos humanos, así como que se detenga la militarización de tareas civiles.
Viridiana Lázaro, especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace indicó que las organizaciones y personas que tienen amparos tienen que revisar los términos de sus suspensiones. Afirmó que el gobierno tendría que resolver primero el tema de los recursos legales en su contra para continuar las obras.
“Estos amparos los tiene que revisar el juez, hubo un cambio de las circunstancias y no es que se pueda pasar por encima de la ley como es que pretenden hacerlo a partir de decretos y manipular la ley a modo para poder realizar el proyecto”, indicó.
De igual manera recordó que desde un principio las obras del Tren Maya se hicieron de manera ilegal, ya que no cumplieron con la manifestación de impacto ambiental.
“Revisamos que esta manifestación, que fue entregada a destiempo, lo cual no exenta de que se cometió el delito de iniciar sin tener los estudios ambientales, sino además de eso encontramos que hay información falsa, en la manifestación que presentaron para el tramo 5 sur, hay omisiones, hay información imprecisa”, abundó.
Militarización
Por su parte, Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México indicó que el gobierno decidió no inclinarse por la vía legal y resolvió el asunto por la vía de profundizar el militarismo en el país, el cual está presente ya en diversas actividades como la distribución de vacunas, aduanas, etcétera.
“Uno de los riesgos de este proceso de militarización es justamente las implicaciones prácticas que eso tiene y lo que pasó fue un ejemplo claro de esto. No solamente es un tema de orden simbólico es que cuando una obra se adjudica a militares el riesgo justamente es que se somete al régimen militar y entonces ahora que esa obra se declara de seguridad nacional, automáticamente va a quedar en la opacidad.
“Esto probablemente significa que no vamos a tener nunca información de cómo se adjudicó esa obra, no habrá transparencia, rendición de cuenta sobre cuánto está costando y justamente ese es el costo que estamos asumiendo por haber decidido que esa obra no sea desarrollada como corresponde por la SCT”, indicó la especialista.
Por su parte, Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM señaló que la administración federal está borrando, con base en una serie de “plumazos” 30 años de trabajo para construir instituciones y herramientas de protección ambiental que permiten generar pesos y contrapesos.
Sostuvo que continuar con la construcción del tramo cinco del Tren Maya, pone en riesgo no sólo esa zona, sino a toda la Península de Yucatán.
“Está en peligro cualquier área verde de importancia del país, porque bajo este argumento (acuerdo) se puede destruir (…) lo que viene es confiar, este país está hecho de tres poderes, el Ejecutivo puede dar misa, pero también el Legislativo puede hacer un contrapeso y en el Judicial habría que preguntarle a los jueces si consideran que la seguridad nacional está por encima de los derechos humanos”.
Con información de El Economista
