Cinco clientes afectados por el cierre de Banco Famsa y con depósitos superiores a los contemplados por el seguro para usuarios de la banca serán indemnizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por los daños que esta autoridad financiera les causó al revocar la licencia de operación del banco hace dos años.
Por unanimidad, los magistrados de la Sexta Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvieron que la CNBV es responsable en términos del artículo 12º de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y que deberá indemnizar a los afectados con una cantidad equivalente al daño ocasionado más intereses.
“Estas resoluciones devuelven la confianza en los implicados de impartir justicia”, dijo Maribel Peláez Muñoz, del Consejo Nacional para la Protección y Defensa de los Ahorradores, un grupo de afectados por la revocación de la licencia de Banco Ahorro Famsa para operar como institución de banca múltiple.
“Seguimos en pie de lucha por los adultos mayores que depositaron su patrimonio en donde supuestamente era el lugar más seguro, un banco vigilado, normado por las instituciones de nuestro país”, dijo Peláez Muñoz.
En total son 2,440 clientes afectados por la revocación de la licencia de Famsa que a la fecha no han podido recuperar la totalidad de sus depósitos. Estos clientes contaban con recursos superiores a los protegidos por el seguro de usuarios de la banca, que cubre hasta el equivalente a las 400,000 unidades de inversión (udis), una medida referencial ligada a la inflación que determina periódicamente el Banco de México.
Al momento del cierre del banco 400,000 udis representaban 2 millones 578,066.40 pesos. Por el tamaño de su patrimonio, proporcionalmente estos ahorradores se verán más afectados que los propios dueños de Famsa.
El 30 de junio de 2020, la autoridad financiera retiró la licencia a Banco Ahorro Famsa para operar como institución de banca múltiple, debido a que sus accionistas se hicieron préstamos a sí mismos por encima del capital con el que contaba el banco. La CNBV designó a un liquidador del banco, el IPAB, que ordenó activos y pasivos y fue pagando a trabajadores, acreedores y clientes conforme a un orden de prelación establecido por ley y confirmado recientemente por la Suprema Corte.
La CNBV, la autoridad financiera, sabía que Famsa tenía problemas de solvencia y capitalización desde marzo de 2019, pero permitió que el banco siguiera operando hasta junio de 2020.
“Vuelve la la confianza porque alguien [el Tribunal Administrativo] ya reconoció el daño. Va a ser un estire y afloje porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores va a defender su postura de que ellos lo han estado haciendo bien. Esto no termina hasta que se termina, sin embargo, estamos muy contentos”, agregó Peláez Muñoz.
Con información de El Economista
