Para coadyuvar en la solución a la problemática de los delitos de robo y daños sobre bienes de instituciones educativas, el Poder Legislativo Estatal aumentó la pena por dichos delitos: de tres a trece años de prisión y de seis meses a seis años, respectivamente.
La iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PAN, reveló que en 20 meses, contados desde enero de 2020 al 13 de agosto de 2021, se abrieron un total de 349 carpetas de investigación por el delito de daños y robos ocurridos en Centros Educativos en el Estado de Chihuahua, por lo que la Comisión de Justicia determinó presentar al pleno legislativo dicha reforma.
Asimismo, la propuesta puso de manifiesto que de los 5 mil 300 planteles de escuelas públicas de los tres niveles (básico, medio básico y superior), la mayor incidencia de delitos se ha concentrado en Ciudad Juárez y Chihuahua capital.
En sí, la iniciativa se centra en el robo y daños en las escuelas como actos vandálicos y sustracción de cableado, equipos de cómputo y materiales educativos, entre otros; lo que ocasiona que estos centros de enseñanza queden en malas condiciones, al grado de impedir la impartición del servicio educativo.
