Definitivamente el ingenio para defraudar de Armando Gutiérrez, CEO de la financiera Aras, sigue sorprendiendo, pues ahora se aventaron un monitoreo sobre los despachos de abogados que concentran los mayores bloques de demandas en contra de Aras, y en un vil intento de negociar bajo la mesa pretenden contratarlos como sus defensores jurídicos.
Es decir, Armando Gutiérrez, busca que los abogados que llevarán los casos de los chihuahuenses defraudados, sean juez y parte, para poder llegar a acuerdos que convengan a Aras, y le den contentillo a las víctimas.
Son varios ya los despachos jurídicos que han reportado el intento de Aras por convertirlos en sus defensores, pero hasta el momento, al parecer todos se han negado; no tanto por su ética profesional, sino porque representan más ganancias las víctimas que el victimario.
Por cierto, hay muchos funcionarios de los tres órdenes de gobierno, en las listas de los inversionistas de Aras, a quienes les ganó la avaricia y le metieron lana para seguirse enriqueciendo; esperemos que sea su propio dinero el que perdieron por ingenuos, y no dinero de los chihuahuenses, de ese que dice, “lo tomo prestado y luego lo regreso”.
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Hablando de abogados, fueron decenas de juristas, asistentes, secretarias y demás, el personal que fue evacuado de las instalaciones del Poder Judicial de la Federal, el edificio ubicado en la avenida Mirador.
El motivo, no fue una amenaza de bomba -como es costumbre-, ni la posibilidad de que grupos delictivos intentaran rescatar a alguien; el inmueble tuvo que ser evacuado, porque a un simplón se le ocurrió hacerse el hípster, y se puso a darle duro al vaporizador.
Cual fue la sorpresa de todos, cuando se activaron los sensores contra incendio, y aunque todo mundo supo que fue por negligencia de un abogado novato despistado y llama la atención, el edificio fue evacuado por protocolo.
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Diputados, juristas de Gobierno del Estado y la Presidencia Municipal, trabajan a marchas forzadas para solucionar el problema del cobro del DAP, pero lo que es seguro, es que Chihuahua y Juárez no se van a quedar sin ese recurso, pues básicamente, iniciaríamos el 2022 con ciudades a obscuras, al no contar con los recursos para pagar a la CFE la tarifa eléctrica.
Si bien, la resolución de la ministra Margarita Ríos Farjat, se puede ver como un atentado a las finanzas municipales, los equipos jurídicos lo ven como una llamada de atención para que se hagan las cosas conforme a la Ley, pues no se ordenó eliminar el cobro, sino que se invalidó el mecanismo con el que se realiza.
El Municipio podrá respirar tranquila, pues aunque ya llevaban bien avanzado el proyecto de la Ley de Ingresos, este no puede ser terminado hasta que se actualicen las tablas catastrales, lo que todavía no ocurre, así que es más el ruido que la SCJN ha generado, que las implicaciones reales que esto pueda tener.
