INE pidió más de 5,700 millones de pesos para Revocación de Mandato y Consulta Popular

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó del erario federal la suma de 5,743.57 millones de pesos “como un monto precautorio para el caso de que se lleven a cabo la Consulta Popular y la Revocación de Mandato”.

Así lo dio a conocer el órgano dirigido por Lorenzo Córdova este miércoles 25 de agosto. Esto porque la Junta General del INE aprobó la Cartera Institucional de Proyectos del Anteproyecto de Presupuesto 2022.

Córdova Vianello, consejero presidente del instituto, dejó en claro que para la eventualidad de una Revocación de Mandato, el INE tendrá que comenzar de cero y está planteando instalar más de 160,000 casillas, lo que involucrará un gasto adicional a lo planeado en 2022.

(Foto: Cortesía INE)

“Si queremos una Revocación de Mandato con todas las medidas de garantía que están establecidas en la Constitución y que sustentan el trabajo del INE, pues tiene que haber un acompañamiento del Poder Legislativo siempre y cuando las y los ciudadanos activen este nuevo mecanismo de participación establecido en el artículo 35 constitucional”, expresó el funcionario público durante una sesión extraordinaria.

De acuerdo con el desglose de la dependencia electoral, se especificó que 3,830.45 millones de pesos será dedicados a la Revocación de Mandato, proceso consultivo de participación directa al que se someterá el presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo del 2020. Asimismo, para la Consulta Popular se solicitaron 1,913.13 millones de pesos.

A través de un comunicado oficial, el INE especificó que en caso de que dichos recursos no son utilizados, éstos se regresarán a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

El consejero presidente mencionó que ejercicios de participación ciudadana como la Consulta Popular de 2021 pueden ser una realidad año con año y se tendrán que incorporar a los siguientes presupuestos del INE, el cual deberá elaborar una ruta de trabajo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su rueda de prensa matutina. EFE/ Miguel Victoria/Archivo

“Más vale desde ahora irlo diciendo para que nadie se lleve una sorpresa en el futuro, pues tendremos que tomar las previsiones para que efectivamente ejercicios que son muy complejos desde el punto de vista técnico y de la cantidad de cifras, tengan el mayor espacio de análisis en órganos colegiados de esta institución”, agregó durante su participación en el consejo.

Finalmente, el INE explicó que el próximo año habrán proceso de elección interna en seis estado de la república y otros dos los tienen planeados para el periodo 2022-2023, por lo que también se les asigno parte de los recursos del erario nocional para que se puedan llevar a cabo dichos procesos, mismos que constituyen la Cartera Institucional de Proyectos.

Ana Laura Martínez, directora ejecutiva de Administración, precisó que la Cartera Institucional de Proyectos considera un monto de 885.9 millones de pesos, para la organización de los procesos electorales a realizarse en el 2022 en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, así como el inicio del proceso electoral 2022-2023 en los estados de México y Coahuila.

Cabe recordar que entre el INE y Morena se estableció un connato de tensión en el que el partido del presidente señaló que el órgano descentralizado pretende establecer una ley reglamentaria contraria a la propuesta por Ricardo Monreal el 2 de agosto.

El jueves 19 de agosto, César Cravioto, senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) acusó al INE de ser peor que la Gestapo y exhibió algunos lineamientos plasmados en la reglamentación que supuestamente pretende promulgar Lorenzo Córdova el viernes 27.

Refirió que los requisitos para ser recabador de firmas de la consulta “van más allá de los requisitos necesarios para ser consejero nacional del INE”. También aseguró que el instituto plantea que la información se recabe con una app, entonces, “si no tienes celular de alta gama, una tableta electrónica o una computadora no puedes levantar las firmas”.

Además, criticó la información biométrica con la que se recabarán las firmas y condenó la ambigüedad en los artículos del proyecto que definen la difusión de la revocación de mandato y aseguró que lo que se busca es “ponerle un bozal al gobierno”.

Con información de Infobae