Querétaro.- En los últimos años, las protestas en México se han agudizado y con ellas los daños a monumentos y patrimonios, pero sabe que se contemplan hasta diez años de cárcel a quien lo haga.
Y es que el daño a un inmueble considerado como histórico, podría tener una consecuencia penal de tres a diez años de cárcel, de acuerdo con la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Según Excelsior, el capítulo IV, artículo 52 de dicha ley refiere: “Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado”.
En diversas marchas y protestas realizadas, tanto a nivel nacional como estatal, han resultado afectados sitios que incluso, son patrimonio.
En Querétaro, reporta el diario, las autoridades capitalinas reportaron el pasado lunes 28 de septiembre consignas en ocho pilastras del Acueducto de Querétaro.
Para expertos en el tema, el daño se entiende como “invaluable”, dada la relación y simbolismo que adquiere para la sociedad.
Y que de acuerdo con el arquitecto Emiliano Duering Cufré, urbanista e investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), se preserva la arquitectura o los monumentos porque son emblema de un evento histórico de la ciudad.
Destaca que es un punto en donde se asocia la identidad local con un edificio, además de la calidad estética que tienen.
“Este valor simbólico es ambivalente pues se resguarda por la ley, pero también lo expone a daños en manifestaciones de protestas contra el Estado”, indica el experto.
“Se tendría que marcar la falta pero no tendría que haber una persecución. No habría que ir detrás de quienes hicieron esto. Hay que marcar el delito, penalizarlo, pero no necesariamente iniciar una persecución contra quien hizo esto”, opinó.
Es sumamente delicado, no se trata de abrir una puerta a que la expresión de las posturas en contra de lo que han hecho los gobiernos nos lleve que dañemos los edificios.
“Sin embargo, en cuestiones tan delicadas de vida y muerte de las personas hay que entender que se tata de un problema que no ha sido atendido con todo el cuidado. Creo que las autoridades tendrían que entender que se trata de un problema que no ha sido atendido”, añadió.
