La evaluación psicosocial denominada tamizaje, sirve para conocer los factores de riesgo a la violencia en que se encuentra una persona que comete una falta administrativa, y tiene que ver con aspectos tales como predisposición a las adicciones o salud mental, principalmente. Con ella, los juzgadores cívicos pueden ofrecer a quienes cometen infracciones, conmutar la multa o arresto por una sanción de atención terapéutica que ayude a bajar la reincidencia al atender de fondo las causas que las ocasionan.
Esta herramienta intenta ofrecer a los infractores, en primera instancia, la posibilidad de atención psicológica inmediata que permitirá tratar desde fondo conflictos psicológico-emocionales, que originan la conducta antisocial y que en muchas de las ocasiones los hace vulnerables a la reincidencia de faltas o delitos.
De esta manera, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), en colaboración con el Programa Juntos por la Prevención de la Violencia de (JPV / USAID México), el Instituto Chihuahuense de Salud Mental (ICHISAM) y FICOSEC Empresarios de Chihuahua, hace que municipios como La Paz en Baja California Sur, Hermosillo en Sonora, Cancún y Playa del Carmen en Quintana Roo, Morelia en Michoacán, Tonalá en Jalisco, San Pedro Garza García en Nuevo León y Ciudad Juárez se beneficien de la experiencia de Chihuahua una vez que decidieron poner en marcha el Modelo Homologado de Justicia Cívica.
Desde mediados de 2018 el municipio de Chihuahua comenzó la implementación de este modelo que busca evitar que una falta administrativa escale a delito, resolver problemas desde su origen y mediar conflictos vecinales en el mismo sitio donde se generan.
