Las fiscalías deben hacer su trabajo para procurar justicia, no basta con buscar a personas desaparecidas

El subsecretario de Derechos Humanos (Segob), denunció que por resistencias e inercias en los gobiernos estatales, la FGR y fiscalías de las entidades, no se ha avanzado en la problemática de las desapariciones forzadas en México.

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración (Segob), denunció que por resistencias e inercias en los gobiernos estatales, la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías de las entidades, no se ha avanzado en la problemática de las desapariciones forzadas en México. Así como en la justicia y verdad para las víctimas, además de la erradicación de la impunidad.

El funcionario federal indicó, en el “Encuentro Latinoamericano; México ante la Crisis de la Desaparición Forzada”, realizado en línea:

“No basta con que estemos en las tareas de búsquedas, de hallazgos y encontrar personas con vida, o que lamentablemente la han perdido, sino que necesitamos que las fiscalías hagan su trabajo para conocer la verdad y se sancione a los responsables.”

Agregó que la corrupción al interior del Poder Judicial en México obstaculiza la persecución de justicia ante tales crímenes de lesa humanidad “El problema de impartición de justicia y el papel que desempeñan muchos de los jueces es lamentable […] donde en ocasiones, los pactos de corrupción limitan la impartición de justicia y ese es uno de los grandes problemas que tenemos”.

Siendo que la responsabilidad primaria recae en las fiscalías de los estados, ya que son quienes investigan, acreditan el delito y lo sancionan, recalcó.

Asimismo, Encinas Rodríguez reitero en el país hasta el momento no se ha emitido ninguna sentencia por delitos de desaparición forzada perpetrados “Ese es el indicador más lamentable del nivel de impunidad con que se comete este delito en el ámbito nacional”. Por lo que la dependencia a su cargo próximamente publicará los resultados, “poco alentadores”, de la cantidad de personas víctimas de dicho crimen, así como las que han sido localizadas, identificadas y entregadas a sus familiares.

“Seguramente vamos a llevarnos decepciones por el nivel tan alto que sigue existiendo en materia de desaparición forzada en nuestro país”, advirtió.

LA DESAPARICIÓN FORZADA DESDE LA “GUERRA SUCIA”

Por otra parte, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal indicó que la desaparición forzada se remonta a las décadas de 1960 y 1970, como una práctica sistemática y continua del Estado Mexicano para atentar contra la disidencia política, época conocida como “Guerra Sucia”. En virtud de que gran parte de estos crímenes continúan siendo cometidos por elementos del Estado, sea del nivel municipal o policías de las distintas entidades.

“Tenemos que lograr que los estados de la república asuman su responsabilidad en estos hechos [desaparición forzada]. No es un asunto que competa solo al Gobierno federal, el problema lo tenemos en los estados”, aseveró.

Posteriormente, explicó que se dio lugar a la “segunda etapa”, con la “descomposición social que ha vivido el país y donde se asociaron las actividades criminales con la corrupción gubernamental y la impunidad”.

En consecuencia “El objetivo debe de ser erradicar la desaparición forzada, y esto tiene que ver con acciones que trascienden en el ámbito de la búsqueda. Tenemos que atender las causas que lo originaron; esto tiene que ver con la inseguridad y también la impunidad en la que prevalece este delito”, apuntó.

En cuanto al tema de la impunidad y las facultades de cada nivel, precisó que la “autonomía que se ha otorgado a las Fiscalías sin lugar a dudas es muy importante, la autonomía del Ministerio Público de la autoridad federal o estatales puede ser un instrumento muy importante para avanzar en materia de combate a las impunidad, pero lamentablemente no se ha avanzado en ello, y las resistencias a los cambios, ahora bajo el argumento de la autonomía de las fiscalías, [ha sido un obstáculo] muy grave para poder tener resultados con la velocidad que todas las familias y todas la víctimas quisieran”.

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

Continuando con la tesitura, el titular de la Subsecretaría considera que en la identificación forense prevale poco cooperación, “falta muchísimo para poder integrar una base de datos genética de los estados… Porque las fiscalías de los estados han estado dispersas [..]y no están trabajando de manera conjunta… Hay que fortalecer la autonomía de las fiscalías, pero partiendo de la lógica que autonomía no es autarquía”, abundó Encinas Rodríguez.

“El solo hecho de hacer público el número de personas desaparecidas, fosas clandestinas, cuerpos exhumados,  ha ocasionado reclamos de los gobiernos de los estados que siguen una lógica de querer minimizar y ocultar el problema, y lo cierto, es que independientemente, de ello nosotros vamos a continuar con estas labores”, remarcó respecto a no concederle la magnitud requerida al fenómeno de lesa humanidad.

En México se proyecta que hay más de 37 mil restos humanos sin identificar y el 6 de enero del 2020 la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas estimó que son 61 mil 637 desaparecidos. Ante tal panorama, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense pasará a la etapa de la aplicación, dijo el exsenador, volviendo más apremiante la resoluciones de tales delitos “¿De qué sirve, que satisfacción hay en las familias (de personas desaparecidas) cuando hallan fosas, pero la identificación no avanza?”.

En cuanto a las fosas clandestinas, más del 50% han sido localizadas durante la presente gestión de Andrés Manuel López Obrador y se focalizan en 5 entidades: Veracruz, Sonora, Colima, Guerrero y Sinaloa.

Finalmente, el subsecretario de la Segob hizo un llamado a que en el corto plazo y de forma concreta se tengan resultados “a pesar de las limitaciones que existen todavía para hacer una política pública nacional, una política de Estado”, con la participación de toda instancia gubernamental correspondiente, las familias de las víctimas de desaparición y la sociedad civil.

Con información de El Imparcial.